El desarrollo autonómico pierde gas

Andalucía ha perdido gas en la carrera por acumular competencias que protagonizan los Ejecutivos regionales en el Estado de las Autonomías. En los últimos cuatro años, el Gobierno andaluz sólo ha recibido el traspaso de seis competencias. Únicamente el País Vasco, entre las comunidades que transitan por la vía rápida (artículo 151 de la Constitución), ha recibido tan pocos traspasos, con la salvedad de que Euskadi tiene casi agotado el margen de transferencias pendientes. El enfrentamiento entre la Junta y el Ejecutivo central ha paralizado algunos decretos que ya estaban maduros en el arranque de la legislatura, como el de las cuencas hidrográficas intracomunitarias y el de las políticas activas de empleo.Galicia (27) y Valencia (21), ambas gobernadas por el PP, encabezan la estadística de traspasos de competencias a las siete autonomías de vía rápida (con más atribuciones en sus estatutos) en esta legislatura, según el Ministerio de Administraciones Públicas. Las mismas cifras muestran una acusada desaceleración en el caso de Andalucía, que hasta 1996 había recibido 106 transferencias, la mayoría entre 1982 y 1990. La estadística (ver gráfico) también refleja que las 10 comunidades de vía lenta registraron un ritmo similar al de las reguladas por el artículo 151 de la Constitución y, en varias materias (Sanidad, Educación, Justicia, los ejes básicos en el desarrollo autonómico) recortaron su retraso competencial.

Relaciones condicionadas

Otra conclusión que se puede extraer es que el flujo de transferencias entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos está muy condicionado por las relaciones políticas entre las Administraciones. Así, que Cataluña haya mantenido el ritmo de traspasos, 20 esta legislatura, no es ajeno al apoyo que CiU ha brindado al PP en Madrid. Y también se constata que Castilla-La Mancha (5) y Extremadura (8), gobernadas por el PSOE, están en el furgón de cola de las autonomías de vía lenta. Sólo en 1996, Cantabria, gobernada por el PP, acumuló 25 transferencias.

En el arranque de la legislatura, cuando las relaciones entre la Junta y el Ejecutivo central aún no estaban muy deterioradas, se aprobó el traspaso de los medios personales y materiales de justicia al Gobierno andaluz. Fue una operación de gran envergadura, pero ya aquí surgieron los primeros problemas: cuando se concretó la transferencia, a la Consejería de Justicia no le cuadraron las cuentas; según sus cálculos, el Ministerio debía pagar 2.100 millones más. Estas diferencias son habituales en traspasos cuantiosos y suelen saldarse con un decreto de ampliación de recursos que, en este caso, no ha llegado.

De las competencias que Andalucía aún puede asumir para completar su desarrollo estatutario, sólo un par tienen verdadera relevancia política: las políticas activas del Inem (iniciativas locales de empleo, agencias de desarrollo, escuelas-taller y casas de oficios) y las cuencas hidrográficas intracomunitarias. Como ocurrió con justicia, la disposición inicial del Ejecutivo central era positiva: en enero de 1998, Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo, anunció para ese año el traspaso de las políticas de empleo; la titular de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aseguró en varias ocasiones que su departamento no se oponía a la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur, ni de las cuencas del Guadalete-Barbate (Guadalquivir) y del Tinto-Odiel (Guadiana).

Al cierre de la legislatura, ninguna de esas transferencias (que figuran en los programas electorales de todos los partidos), se ha concretado: Andalucía es la única comunidad con cuencas intracomunitarias que no posee las competencias y, junto al País Vasco (que ya tiene muchas atribuciones asignadas), la única entre las de vía rápida que no gestiona las políticas activas del Inem.

El traspaso de las políticas activas de empleo se ha quedado atrancado en la cuantificación económica: la Junta pide que se le asigne la financiación para pagar a 2.000 funcionarios (el Ministerio sólo reconoce 1.450) y una inversión anual de unos 1.000 millones (Trabajo ofrece la mitad).

En la transferencia de las cuencas intracomunitarias se prevén obstáculos mayores; de hecho, el programa del PP andaluz sólo exige para la Junta la titularidad de las pequeñas (Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel) y se contenta con la gestión de las grandes (Sur y Guadalquivir, que discurre en un 90% por la región). La reciente constitución por el Ministerio de Medio Ambiente de sendas sociedades para ejecutar los planes de inversión de estas dos confederaciones hidrográficas añade más interrogantes al traspaso. La última valoración de la Junta (que también exige la gestión del Guadalquivir) es que, con la transferencias de las tres cuencas intracomunitarias, deben llegar 10.000 millones anuales y un compromiso del Gobierno de invertir en obras de interés general (embalses) 538.000 millones.

En el futuro, los principales partidos están de acuerdo en la necesidad de acelerar el proceso descentralizador, ralentizado en estos últimos cuatro años como consecuencia de la batalla sin cuartel entre el Gobierno central y la Junta.