La suspensión parcial de la Ley de Cajas irrumpe en la campaña andaluza

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar un artículo de la ley andaluza de Cajas de Ahorro y las disposiciones adicionales segunda y tercera, referentes a los derechos de la Iglesia católica en Cajasur, ha irrumpido en la campaña electoral autonómica. El Partido Andalucista (PA) y el PP exigieron ayer la dimisión de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, mientras ésta minimizó los efectos del auto del alto tribunal y atribuyó al Gobierno del PP una actitud de "provocación y bloqueo" a las iniciativas de la Junta de Andalucía.Lo más sorprendente de esta coincidencia entre populares y andalucistas es la posición del PA, socio de gobierno del PSOE en esta legislatura, y que pactó con los socialistas este texto legal. El candidato del PA a la Junta, Pedro Pacheco, responsabilizó a Álvarez del "estrepitoso fracaso" de la ley y dijo que la decisión más "más honesta" que la consejera puede adoptar es la dimisión.

Pacheco, que se reunió con el presidente de la patronal andaluza, Rafael Álvarez Colunga, afirmó que la decisión del Constitucional supone un "parón" para la ley y creará un "vacío" para el desarrollo de la actividad de las seis cajas de la comunidad. El candidato del PA añadió que la actual ley, aprobada en el Parlamento andaluz en diciembre, está "muerta".

Compromisos personales

Álvarez, por contra, subrayó que la suspensión parcial no afectará a la aplicación del resto de la ley. La titular andaluza de Economía señaló que la admisión del recurso sólo "beneficia" al Cabildo Catedralicio de Córdoba, que se niega a que se reduzca su presencia en los órganos de gobierno de Cajasur y obvió las exigencias de dimisión procedentes de PA y PP. "Queremos modernizar Andalucía, y no nos vamos a dejar retorcer el brazo cada vez que el PP tenga compromisos personales con algunos señores de Córdoba", dijo Álvarez en referencia al presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, promotor del recurso del Ejecutivo. El presidente de la patronal andaluza aplaudió la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central.

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, reclamó también la dimisión de la titular de Economía y hacer una desautorización de toda la ley, que, en su opinión, es un "bodrio inservible". El dirigente popular, que extendió también la responsabilidad al presidente andaluz, Manuel Chaves, y pese a que aún no hay una decisión firme del Tribunal Constitucional, aseguró que Álvarez está "deslegitimada" para seguir en el cargo.

El portavoz parlamentario de IU de asuntos económicos, Francisco Ríos, señaló que "el Gobierno del PP y sus acólitos de Andalucía" quieren "mantener privilegios casi feudales".

Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Asenjo, expresó su confianza en que los artículos recurridos sean declarados inconstitucionales, informa Europa Press.