Parlamento plusmarquista y estable

El incremento de trabajo y la armonía del pacto PSOE-PA han marcado la V legislatura

Tras la tempestad, la calma, híperactiva, pero calma. A la borrascosa cuarta legislatura, condicionada por la pinza que PP e IU implantaron en el Parlamento autonómico, le han sucedido cuatro años de estabilidad marcados por la solidez, con trompicones ocasionales, del gobierno de coalición PSOE-PA y por el ingente trabajo desarrollado en la Cámara, que ha establecido varias plusmarcas de actividad. Estos dos rasgos rompen en cierta manera un principio que sostiene que cuando hay mayorías absolutas, como la formada por socialistas y andalucistas, los parlamentos tienden a adormecerse. Y es que pese a que la aritmética parlamentaria de la mayoría se ha impuesto casi siempre a rajatabla (PSOE y PA contaban con 56 de los 109 diputados autonómicos), la actividad de la Cámara andaluza ha experimentado un sobresaliente incremento.

En la quinta legislatura (1996-2000) no hubo ni rodillo avasallador de un partido (que oscurece la labor de la oposición) ni gobierno desde el Parlamento (que atenaza el trabajo del ejecutivo), dos extremos que vivió Andalucía en anteriores mandatos. Estos cuatro años se han caracterizado por un correcto equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo, que han convivido, con sus más y sus menos, dentro de unos márgenes lógicos.

El Parlamento andaluz ha cumplido al dedillo las funciones clásicas de una cámara (legislar y controlar e impulsar la acción del Gobierno) y se ha consolidado como el principal foro de debate político: En él se han hecho anuncios de gran relevancia (la intención del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de impulsar la fusión de las seis cajas de ahorro regionales) o se han discutido con ardor asuntos como el sistema de financiación, el contramedicamentazo o la subida de las pensiones no contributivas.

Incertidumbre

No ha habido, sin duda, la incertidumbre y la tensión que rigió en la cuarta legislatura (1994-1996), cuando la precariedad del PSOE hacía que cada votación se convirtiese en una quiniela, pero en un análisis puramente cuantitativo se deduce con claridad que han sido cuatro años fructíferos.

En materia legislativa, el Parlamento ha aprobado 44 leyes (37 proyectos de ley del Gobierno y siete proposiciones de ley), superando de esta manera a la legislatura constituyente (43 leyes), en la que se conformó la estructura institucional de la Junta de Andalucía. Entre las leyes aprobadas destacan las de salud, menores o discapacitados, lo que llevó a Javier Torres Vela, presidente del Parlamento, a afirmar que ha sido la "legislatura social". En este punto, el principal borrón lo ha constituido la ley de Cajas, a la que Chaves definió como ley de Estado, que nació coja tras decaer algunos sus trazos más novedosos por la falta de consenso entre los grupos.

En el análisis de los proyectos de ley, que el Gobierno lleva a la Cámara, se comprueba las dificultades que el PSOE pasó entre 1994 y 1996. Sólo se presentaron ocho en dos años y únicamente se aprobaron dos. El Gobierno se comprometió, en 1996, a aprobar medio centenar de leyes, por lo que se ha quedado a 13 del reto que se marcó, entre ellas la ley de Función Pública o la de Cooperación.

En las tareas de control al Ejecutivo, destaca el crecimiento de todas las iniciativas, tanto en pleno como en comisión. Dentro de este grupo es relevante el incremento de las comparecencia de los consejeros ante el pleno del Parlamento (96), más que en el total de las cuatro legislaturas anteriores (64). También es subrayable el aumento de las preguntas que los miembros del Consejo de Gobierno han respondido en pleno a instancia de la oposición: 1.259. En este sentido, las preguntas a Manuel Chaves han pasado a ser una referencia sobre la actualidad política de la comunidad.

Un rasgo distintivo de esta legislatura ha sido que por primera vez el Parlamento andaluz ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra decisiones del Gobierno central. En estos cuatro años se ha producido una situación inédita desde 1982 (gobierno del PSOE en Andalucía y del PP en Madrid), lo que ha provocado que las tensiones entre ambas administraciones se hayan trasladado al alto tribunal, que tendrá que decidir sobre la propuesta de la Cámara autonómica de impugnar tres presupuestos generales del Estado.