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Una causa común desde la misma orilla

I. La propuesta de Almunia de pactar con IU ha sido audaz e inteligente. Es la manera más eficaz -quizás la única- de ganar las próximas elecciones del 12 de marzo. La respuesta de Frutos ha sido igualmente constructiva y meritoria. Desde hace tiempo, algunos hemos venido sosteniendo que, para volver al Gobierno, la izquierda tenía que superar tanto la vieja tesis del PSOE de la "casa común", que negaba la pluralidad de la izquierda, como la idea de Anguita de las "dos orillas", que invalidaba a IU para hacer política real al colocar al PP y al PSOE en el mismo bando, lo que era un dislate. Con esas ideas, la división de la izquierda estaba garantizada y su derrota también. Porque en España, con esta ley electoral es muy difícil alcanzar mayorías absolutas desde un solo partido y empieza a ser peligroso convertir a los partidos nacionalistas en las permanentes fuerzas bisagra de la gobernabilidad de España. Son partidos con los que hay que contar pero no depender inevitablemente.Durante estos años, y aprendiendo de errores anteriores, la derecha ha reagrupado asistencias en torno al PP, partido que en realidad es una coalición de las fuerzas de derecha y centro- derecha (ex Alianza Popular, cristiano-demócratas, liberales, etcétera). En una palabra, han conseguido crear un "polo conservador" lo que les ha permitido no desperdiciar votos y ganar las elecciones del 96. La izquierda, por el contrario, suma más votos, pero obtiene menos diputados por cuanto muchos votos de IU se pierden para conseguir escaños tragados por la Ley D'Hont. De ahí la necesidad imperiosa de pactar un programa de Gobierno de progreso y alcanzar una fórmula electoral que permita no desperdiciar un solo voto. Es decir, hay que crear un "polo progresista", pues en toda Europa se está pasando del "bipartidismo" al "bipolarismo", que refleja mejor la pluralidad social.

II. No obstante, alcanzar el acuerdo ha resultado harto difícil a pesar de que ambas organizaciones han demostrando una voluntad real de pactar. En contra de lo que se podía creer, las dificultades no se han situado en el contenido del acuerdo. El programa común nunca es un obstáculo insalvable cuando dos fuerzas políticas están decididas a entenderse con el fin de gobernar. Todo es cuestión de matices y en política se puede matizar mucho. Hay coincidencias evidentes en bastantes materias, y en las que hay diferencias ambas partes han demostrado flexibilidad y han aproximado las posiciones. Esas estupideces que dice la derecha sobre más impuestos, más paro, más déficit, salida del euro...; si hay pacto de progreso no es más que el reflejo del canguelo incontrolado que le ha entrado a nuestra derecha y a sus voceros ante la posibilidad de perder las elecciones, cuando se las prometían tan felices. En Francia hay ministros del PCF y la economía francesa goza de salud envidiable y hay bastante menos paro que en España.

La dificultad del pacto ha radicado, pues, en la fórmula electoral. El PSOE planteó en un principio la retirada de IU de 34 provincias, a lo que respondió ésta con la propuesta de una coalición en toda España. Ambas propuestas, como se ha visto, no eran realistas. IU no podía aceptar desaparecer en más de la mitad del país sin dejar de ser un partido de ámbito estatal y además porque, si bien es cierto que el voto de IU en esas provincias no genera diputados, pueden ser decisivos para el cómputo del 5% del voto a nivel nacional que es imprescindible para tener grupo parlamentario cuando se obtiene menos de 15 diputados (artículo 23 del Reglamento del Congreso). Si tenemos en cuenta que las encuestas le dan a IU una bajada considerable en la intención de voto correría el riesgo de quedarse sin grupo parlamentario si no suma los votos suficientes. De otra parte, en las actuales circunstancias, y con el escaso margen de tiempo, era inviable una coalición electoral, aparte de que se pueda pensar por algunos que esa fórmula no sería útil para ganar, que es de lo que se trata. A partir de ahí, el PSOE ha flexibilizado su posición y ha reducido el número de provincias en las que IU debería retirarse, primero a 14 y luego a 8, incluso incluyendo candidatos de IU en sus listas en posición de salida. Una aproximación significativa que sería lastimoso desaprovechar. IU, por su parte, ha respondido con la contraoferta de la "agrupación de electores" en esas mismas provincias. Fórmula que la ley electoral no contempla para los partidos, sino para ciudadanos sin partido que sean capaces de recoger las firmas de un 1% de los posibles electores de esas circunscripciones. Una fórmula imaginativa, pero de resultado incierto, pues ambas siglas y símbolos deberían desaparecer lo que podría crear cierta confusión y no parece que el PSOE vaya a aceptarla.

III. En cualquier caso la posibilidad de este acuerdo ha creado una nueva ilusión en el campo progresista que no debería frustrarse. El acuerdo puede generar, sin duda, una fuerte movilización que seguramente podría conducir a la victoria electoral. Tanto el PSOE como IU se juegan mucho en el envite. Y sólo tienen cosas que ganar con el pacto. IU salvaría su complicada situación electoral, ganaría diputados y senadores y se convertiría en una fuerza de Gobierno, lo que despejaría su futuro. El PSOE volvería a gobernar cuando lo tenía francamente crudo y el país podría entrar en una senda de crecimiento con mayor equidad, con un nuevo impulso democrático y sin concesiones gratuitas a los nacionalistas. Por lo tanto, si en el programa se ha llegado a un acuerdo y la cuestión a estas alturas ha estado en ocho provincias, La Moncloa bien vale que se haga un último esfuerzo para encontrar una fórmula, aunque sea salomónica, que permita tener la oportunidad de ganar las elecciones. La gente progresista lo está esperando y no sería bueno para ninguno de los dos partidos decepcionar esas esperanzas. Luego, no vale echar la culpa del divorcio a la otra parte, pues la responsabilidad es siempre de ambos. Si al final todo queda en un acuerdo de programa y listas conjuntas para el Senado, se trata, sin duda, de un avance que esperemos sea completado por la inteligencia de los electores. En todo caso el futuro de la izquierda está más despejado después de este acuerdo.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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