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La Junta cree que el PP recurre la Ley de Cajas para "colonizar" Andalucía

Teófila Martínez afirma que la norma andaluza vulnera la estatal

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, arremetió ayer contra el PP por el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar contra la Ley de Cajas de Ahorro aprobada por el Parlamento andaluz el primero de diciembre. Tras descartar cualquier motivo técnico en este recurso, Zarrías fue rotundo: "Es una decisión absolutamente política para impedir el fortalecimiento y el crecimiento del sistema financiero andaluz y seguir colonizando Andalucía con entidades controladas por el PP".

Zarrías manifestó en Jaén que el objetivo de la Junta con la Ley de Cajas sólo era democratizar esas entidades "y ponerlas al servicio de los ciudadanos". Algo que, en su opinión, no le interesa al presidente del Gobierno, José María Aznar, porque hace más fuerte y competitiva a Andalucía en el resto de España. Para el consejero, se trata de "una de las mayores afrentas del Gobierno de Aznar", pero, al igual que ya ocurriera con la subida de las pensiones no contributivas acordada por Chaves, Zarrías se mostró convencido de que en esta ocasión la Junta también ganará la batalla judicial."El Gobierno del pelotazo quiere amasar otro en Andalucía para beneficiar a sus amigos", afirmó el dirigente socialista andaluz. "Esta nueva agresión a Andalucía se la van a hacer pagar los andaluces", añadió.

El consejero de Presidencia se preguntó si el Ejecutivo de Aznar se hubiera atrevido a recurrir leyes similares de otras comunidades no gobernadas por los socialistas: "¿Se imaginan qué hubiera pasado si hubieran recurrido las leyes de Pujol [Jordi] o de Fraga [Manuel]?".

Zarrías aseguró también que detrás de este recurso hay un intento del Gobierno de "entrar a saco" en las entidades para controlarlas. "Les ha perdido la cerrazón", subrayó Zarrías, quien eludió en todo momento señalar directamente a CajaSur, cuyo presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, tendría que dejar su cargo al entrar en vigor la ley.

Respuesta de Martínez

Por el contrario, la presidenta del PP de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta, Teófila Martínez, destacó ayer la "importancia" del recurso y la "falta de comportamiento democrático del PSOE". "Los socialistas se creen que el derecho a los recursos ante el Tribunal Constitucional sólo lo pueden utilizar ellos cuando gobiernan", afirmó.

Martínez justificó el recurso en que la norma andaluza "vulnera" la ley básica del Estado (LORCA), que, según dijo, "las comunidades autónomas tienen obligación de respetar". "La Junta de Andalucía ha perdido una oportunidad para reconocer humildemente que esa ley no era de Estado, sino una norma que basa su concepción en el intervencionismo y el sectarismo", añadió.

También justificó al Gobierno central, que, según dijo, ha recurrido la ley andaluza porque, entre otras cosas, en los artículos en los que se determinan las incompatibilidades para los miembros de los consejos rectores se ha transgredido la Lorca: "La ley andaluza señala que no pueden ser miembros de estos consejos rectores los morosos, los mayores de 70 años y los inhabilitados por sentencia judicial. Pero en el artículo siguiente", continuó, "determina que, de estas causas, se exceptúan los responsables que deban su nombramiento a la Junta de Andalucía; es decir, que los que nombre el Gobierno regional pueden ser morosos, tener más de 70 años o pueden estar inhabilitados por sentencia judicial".

El coordinador general de IU, Antonio Romero, aseguró ayer que el recurso es una "injerencia" del Ejecutivo para "limitar la autonomía andaluza". El líder andalucista Pedro Pacheco también rechazó el recurso, porque "pretende defender una situación que no tiene defensa posible, a no ser que haya intereses económicos por debajo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de enero de 2000