PSOE, IU y PNV denuncian las presiones del régimen de Guinea sobre la prensa
Cuatro partidos políticos, dos sindicatos y media docena de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de asociaciones pro derechos humanos denunciaron ayer en un comunicado "los intentos de impedir la libre circulación [en España] de informaciones sobre la grave situación que atraviesa el pueblo guineano, sometido a la tiranía y a la corrupción de unas autoridades que violan sistemáticamente los derechos humanos".Estos intentos tienen su origen en "un despacho jurídico ubicado en Madrid, que se atribuye la condición de representante legal del Gobierno guineano". El comunicado no da el nombre del despacho, pero una nota distribuida paralelamente por la Asociación para la Solidaridad Democrática cn Guinea Ecuatorial (Asodegue) señala que se trata del "bufete madrileño que dirige doña Magdalena Rodríguez Ladreda". "Esta abogada, junto con el periodista Javier Bleda [director de la publicación mensual de Mario Conde], realiza frecuentes viajes a Guinea para preparar la mejor defensa de la imagen del régimen guineano".
El comunicado fue firmado por el PSOE, Izquierda Unida, el PNV y Nueva Izquierda, pero tanto el PP como CiU rehusaron suscribirlo. Lo rubricaron, en cambio, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores así como ONG como Acsur, Plataforma 0,7% y Solidaritat i Comunicació.
"A los que tienen que denunciar los firmantes es a los jueces que han puesto las sentencias", comentó ayer Rodríguez Ladreda, "no a mí que me limito a ejercitar acciones judiciales por cuenta de mis clientes".
La publicación del comunicado tuvo lugar dos días antes de que los responsables de la revista misionera Mundo Negro, demandados por la abogada Rodríguez Ladreda, acudan a un juzgado de primera instancia de Madrid por la publicación de informaciones críticas con el régimen del presidente Teodoro Obiang. Un mes antes el director de Diario 16 hubo de comparecer en un acto de rectificación a propósito de informaciones relacionadas con Guinea. El 13 de diciembre EL PAÍS se vio obligado a ejecutar una sentencia dictada en el derecho de rectificación interpuesto por el Gobierno de Guinea. Al haber sido recurrida, la sentencia no es firme.
Los firmantes del comunicado lamentan, por último, "el uso perverso de la legalidad democrática que viene realizándose desde el citado despacho" y piden "el sobreseimiento de las demandas".
