El último capítulo de una agitada historia
La absorción de Banca Catalana por BBVA podría ser un buen ejemplo de libro para explicar los efectos de la globalización en nuestro país. La creación de los grandes grupos financieros se ha ido alimentando por la creciente adquisición de entidades de menor tamaño. Pero seguramente la historia no recordará Banca Catalana por sus aspectos estrictamente financieros, sino por la convulsión política que causó la crisis que sufrió la entidad a principios de los años ochenta. La circunstancia de que el impulsor del banco, Jordi Pujol, fuera también el líder de un partido nacionalista y presidente de la Generalitat de Cataluña, hizo que la crisis del banco tuviera unas repercusiones mucho más graves que las del medio centenar de bancos que se llevó por delante crisis bancaria.
La idea de crear un banco para impulsar la economía catalana -como ya había diseñado Francesc Cambó- era una de las ideas más firmes del joven nacionalista Jordi Pujol. En 1958, Pujol pensaba que "mientras Cataluña no dispusiera de una entidad financiera propia viviría siempre en peligro de colonización". Al año siguiente convenció a su padre para que adquiriera la pequeña Banca Dorca de Olot. Tras unos inicios difíciles, Pujol fue encarcelado por sus actividades políticas en 1960 y el banco experimentó una vertiginosa expansión en los años sesenta. En 1981 tenía ya 250 oficinas. El excesivo voluntarismo y sesgo político que condicionaron la gestión del banco explican buena parte de las causas que provocaron su crisis. Catalana adquirió el Banco Industrial de Cataluña y el Banco Industrial del Mediterráneo, lo que significó la asunción de serios riesgos. Estos bancos eran titulares o acreedores de importantes empresas cargadas de deudas y con fuertes pérdidas que se agravaron con la crisis económica. Las dificultades del banco se agudizaron por la compra de otros bancos (Asturias, Alicante y Crédito e Inversiones) a crédito y a precios elevadísimos.
La situación se hizo imposible y el 11 de junio de 1982 la situación de crisis trascendió a los medios de comunicación. Se desató el pánico con una imparable fuga de depósitos. Al final, el Banco de España intervino la entidad pero con actuaciones muy tímidas como fue promover una ampliación de capital de 5.700 millones de pesetas después de que una auditoría hubiera elevado el déficit patrimonial en 130.000 millones.
La falta de soluciones agravó la situación y la sangría de depósitos alcanzó los 100.000 millones de pesetas. El nuevo Gobierno socialista optó entonces por privatizar la entidad, que finalmente se adjudicó al Banco de Vizcaya.
La solución requirió no obstante 340.000 millones de pesetas de ayudas públicas, la mayor parte créditos a bajo o sin interés. La concesión de estos cuantiosos recursos públicos provocó un intenso debate político y el Gobierno envió el caso al fiscal para que investigara posibles responsabilidades. En mayo de 1984 trascendió la querella redactada por los fiscales Mena y Villarejo contra 25 ex administradores del banco, entre los que figuraba Jordi Pujol, por los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida. La noticia cayó como una bomba en Cataluña. Pujol desde el balcón de la Generalitat calificó la decisión de "jugada indigna". La crispación se mantuvo hasta finales de 1986 en que la Audiencia de Barcelona por 30 votos contra ocho acordó no procesar a Pujol. Pero González y Pujol precisaron siete años más para normalizar sus relaciones. Al final, Pujol resultó exonerado de todas las acusaciones que le habían formulado y nadie fue considerado responsable.
