Un error impide al PSPV recurrir la sanción al Consell por el uso de datos

El PSPV no ha recurrido ni podrá recurrir aunque lo desee la sanción leve impuesta a la Consejería de Bienestar Social por el uso irregular de archivos informáticos. El 22 de septiembre, la Agencia de Protección de Datos remitió al PSPV, como parte denunciante junto a NE, la resolución. Pero nadie en el partido lo advirtió hasta la semana pasada cuando el diputado Antonio Torres se dirigió a la sede y la encontró archivada. La descoordinación en la dirección socialista ha provocado que transcurriesen los plazos para realizar alegaciones.

El 22 de septiembre la entidad responsable de velar por el correscto uso de los archivos informáticos en todo el Estado, la Agencia de Protección de Datos (APD), resolvió un expediente abierto a instancias del PSPV y Nova Esquerra sobre el procedimiento seguido por la Consejería de Bienestar Social para convocar por correo a más de 550.000 jubilados a la denominada Gran Fiesta de la Tercera Edad que se celebró en octubre de 1998 en el campo de fútbol de Mestalla con la presencia de dirigentes populares entre los que se encontraba el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La agencia sancionó al departamento, que entonces dirigía la actual presidenta de las Cortes, Marcela Miró, a una falta leve por el uso de archivos informáticos ajenos a los registrados por la Administración autonómica. La Generalitat envió más de 550.000 cartas con los datos recibidos de la empresa Meydis, sobre cuyo origen pasa de largo la APD. El expediente llegó a la sede de Valencia del PSPV sólo cinco días después de ser emitido por la APD, tiene sello de entrada del 27 de septiembre, pero se quedó dormido en los archivos de las oficinas de la avenida de Pérez Galdós. Ningún responsable del partido lo advirtió. No fue hasta la semana pasada cuando el diputado socialista Antonio Torres lo localizó. Acudió a la sede y tras solicitar a un administrativo que buscara en los archivos de documentos recibidos en septiembre, apareció la resolución. Ni el responsable de organización de la gestora que dirige a los socialistas valencianos, Francisco Romeu, ni el de Administración y Finanzas, Francisco Ruiz, tienen conocimiento de la misma, según señalaron ayer. Fuentes socialistas justificaron esta descoordinación en la situación que atravesaba a finales de septiembre el partido. La nueva gestora se encontraba tomando posesión de su cargo y se achaca al cambio de responsables el archivo del documento por parte de un empleado del PSPV.

La APD rebaja la sanción grave que propuso en su día el instructor del expediente a leve y limita las obligaciones de la consejería a remitir una carta a cada una de los 558.454 personas que recibieron la invitación para acudir al acto que se celebró en Mestalla. Este cambio, junto a que la agencia apenas entra en el asunto del origen de los datos, ofrecía argumentos suficientes para posibles alegaciones, según el propio Torres. Sin embargo, no será posible. El límite para presentar un recurso de reposición ante la propia agencia expiró el 27 de septiembre del año pasado y el plazo para elevar un recurso contencioso-administrativo finalizó el 27 de noviembre de 1999.

Torres, sin embargo, apuntó ayer que desde el partido socialista seguirán investigando sobre el origen de los archivos que contenían información de los jubilados , y que el entonces subsecretario de Miró , Eduardo Ovejero, "se encontró" en la consejería, según afirmó.

Nova Esquerra, que denunció los hechos a la Agencia de Protección de Datos junto con los socialistas valencianos, señaló ayer por boca de su secretario general, Josep Albert Mestre, que la sede del partido en Valencia no ha recibido notificación alguna del organismo estatal que supervisa el uso de los archivos y apuntó la posibilidad de que la documentación haya sido remitida al grupo parlamentario en Madrid.