La sentencia del 'caso Ollero' absuelve al ex consejero de Obras Públicas de Andalucía

La Audiencia de Sevilla absolvió ayer, tras siete años de proceso, al exconsejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Juan José López Martos, de los delitos de prevaricación y cohecho de los que era acusado por la adjudicación de la obra de la carretera Las Pedrizas-Salinas en 1992. El fallo considera probado, sin embargo, que el entonces director de Carreteras, Manuel Ollero, reveló información sensible a su hermano Jorge, quien junto al fallecido Pedro Llach ofrecieron la adjudicación a la constructora Ocisa, que pagó una comisión "acreditada" de, al menos, 53,3 millones.

La sentencia de llamado Caso Ollero, de 60 folios, condena a Manuel Ollero, exdirector general de Carreteras de la Junta, a un año de suspensión de cargo público por un delito de revelación de secretos y a una multa de 150.000 pesetas, y le absuelve de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. A su hermano Jorge, el fallo le considera responsable de un delito de tráfico de influencias y le condena a tres meses de arresto mayor. Cada uno deberá pagar una quinceava parte de las costas.Los peor parados son el presidcnte de la constructora Ocisa, Jesús Roa Baltar, y su director financiero, Miguel Nogueira Miguelsanz. La Audiencia sevillana considera a Roa Baltar autor de un delito de cohecho y otro de falsificación en documento mercantil, y le condena a tres meses de arresto mayor y 110 millones de pesetas de multa por el primero y a un año de prisión y multa de 12 meses (con cuota diaria de 5.000 pesetas) por el segundo.

El fallo considera también a Nogueira Miguelsanz autor de un delito de cohecho y encubridor del mismo, así como responsable de otro de falsedad en documento mercantil. Por el primero le condena a las penas de 100.000 pesetas de multa y de 14 millones de pesetas de multa, y por el segundo a ocho meses de prisión y multa de seis meses (con cuota diaria de 5.000 pesetas). Cada uno deberá hacerse cargo además de dos quinceavas partes de las costas judiciales.

Por último, el fallo decreta el decomiso de los 22 millones de pesetas que la policía intervino en un maletín a Jorge Ollero, y que procedían de la comisión recibida de parte de Ocisa.

El tribunal que ha juzgado el caso Ollero, y del que ha sido ponente el magistrado Julio Márquez de Prado Pérez, considera probado que Jorge Ollero obtuvo de su hermano Manuel, en las fechas de los autos director general de Carreteras de la Junta, información privilegiada y secreta sobre la decisión que había tomado el consejero de Obras Públicas, López Martos, de adjudicar "provisionalmente" la carretera Las Pedrizas-Salinas a Ocisa. Asimismo, supo del encargo de López Martos para que los técnicos de la Junta valoraran la oferta financiera de Ocisa y de las otras 31 empresas concursantes (con un total de 63 ofertas), así como que negociara con Ocisa un sistema de pago aplazado más favorable para la Administración andaluza.

Con esta información, Jorge Ollero y el intermediario fallecido Pedro Llach -la sentencia considera probado que negociaban con otras constructoras- coaccionaron a Ocisa para que pagase una comision de 127,6 millones. El fallo afirma que, "aunque hay indicios y sospechas" de que se pagó esa cifra en su totalidad, sólo ha podido acreditarse el pago de 53,3 millones.

Además, el fallo rechaza los argumentos de la defensa de los directivos de Ocisa que presentaron facturas y contratos de compraventa entre la constructora y Pedro Llach para justificar el pago del dinero.

Tras acudir a la Audiencia para recoger personalmente la sentencia, López Martos afirmó: "El fallo deja absolutamente clara mi honradez, honestidad y mi buen hacer profesional y político". López Martos, al que el fiscal le acusaba de prevaricación y el PP de cohecho, dijo que su "tranquilidad de conciencia" le ha permitido soportar los siete años de proceso, y reclamó "que nunca más se instrumente un procedimiento judicial para destruir a un adversario político".

La Junta y el PSOE acogieron con satisfacción el fallo y exigieron al PP una rectificación por el linchamiento de López Martos. IU, que también ejerció la acusación particular, calificó la sentencia de "ajustada y positiva" por sentar "un precedente ante delitos de tráfico de influencias".

Por su parte, el PP, por boca de su presidenta en Andalucía, Teófila Martínez, dijo que la sentencia "está descompensada", al tiempo que confirma "la existencia de una trama de cobro de comisiones".

Tanto el abogado de la acusación del PP, Manuel Seco, como los letrados del resto de acusados anunciaron la presentación de recursos contra el fallo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 30 de diciembre de 1999.

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