Prohibido casarse con papistas

Otro pilar de la vapuleada monarquía británica se tambalea. Esta vez se trata de uno asentado en el siglo XVI por el mujeriego Enrique VIII cuando rompió con Roma como vía de asegurar su descendencia, y se erigió en monarca absoluto y "Cabeza Suprema de la Iglesia Anglicana". La religión protestante pasó a ser entonces la Iglesia oficial del reino, y los sucesivos monarcas, incluida la actual Isabel II, se convirtieron en "defensores de la fe" anglicana. Otro decreto real contribuyó a esta supremacía de los protestantes en las altas esferas de la sociedad inglesa: es una ley de 1701, que veta el trono a quienes "profesan la religión papista o se casan con un/una papista".Pero ahora, en vísperas del nuevo milenio, las voces de altos representantes anglicanos y políticos de ideologías dispares piden la derogación de una ley que consideran tan obsoleta como discriminatoria. En virtud de su contenido, vigente en la actualidad, el príncipe Carlos o su hijo mayor, Guillermo, perderían el derecho a la Corona si abandonan la fe anglicana por otros dogmas espirituales. Y es más, si optaran por casarse con una católica, sus perspectivas de reinar quedarían anuladas automáticamente.

Esta vieja legislación choca hoy con una sociedad multirracial como la británica, donde menos del 23% de los recién nacidos son bautizados en la fe anglicana. La Iglesia oficial compite con las altas jerarquías católica, hindú, musulmana, judía o sij -por citar creencias ampliamente extendidas en el Reino Unido- en la pugna por ganarse el apoyo espiritual y práctico de la población. La referida ley es un acto de discriminación religiosa que se limita exclusivamente a la monarquía, ya que nada impide a un católico gobernar el país, ocupar un escaño en el Parlamento o dirigir instituciones públicas como la BBC.

Para el poderoso arzobispo de York, David Hope, segundo en rango dentro de la Iglesia anglicana, ha llegado el momento de poner fin a siglos de "negatividad" respecto a los católicos. Hope propone la sustitución de la palabra "protestante" por el término más genérico "cristiano" en el juramento que los monarcas ingleses deben pronunciar en la coronación. "Me sentiría mucho más feliz con una promesa de preservar la fe cristiana que limitándola a la fe anglicana", señala el arzobispo en declaraciones al dominical The Sunday Times.

La idea podría ganarse un ilustre adepto, el propio príncipe de Gales, quien en el pasado ha expresado deseos de erigirse en "defensor de fes", es decir, de todos los credos que siguen los súbditos británicos. Pero sus palabras fueron mal recibidas en diversas capas sociales y el heredero directo de la Corona guarda ahora silencio sobre el tema. En una próxima intervención para dar la bienvenida al milenio, Carlos de Gales se limitará a desear a los británicos: "Volvamos a descubrir un sentido de lo sagrado en todo lo que nos rodea, bien sea en la forma en que cultivamos las semillas o que cuidamos el ganado".

La polémica sobre las limitaciones espirituales del monarca inglés no es nueva, pero el debate se reanuda ahora dentro del alto clero anglicano. Hope y otros colegas tienden una mano hacia la comunidad católica y piden una revisión radical de la relación entre Iglesia y Estado. El diario The Times adelantó ayer que David Jenkins, anterior obispo de Durham, sugiere la ruptura de los viejos lazos en un libro de próxima publicación. La visión de Jenkins incluye la expulsión de los obispos anglicanos, un total de 26, de la Cámara de los Lores, cuyo proceso de reforma ya ha comenzado.

En línea con Hope, cuya autoridad anglicana sólo es superada por George Carey, arzobispo de Canterbury, lores y diputados piden la reforma de las leyes de sucesión. En un reciente debate en el Parlamento escocés, representantes de los diversos partidos defendieron la abolición de esa ley arcaica que cierra el paso de los católicos a la jefatura del Estado. El ex-ministro conservador Malcolm Rifkin habló en términos similares en la Cámara de los Lores.

El Gobierno de Tony Blair escucha las sugerencias de laicos y eclesiásticos, pero concede escasa prioridad a la reforma. La revisión del derecho a la Corona, alega su portavoz, pondría en marcha un tren de reformas institucionales y constitucionales que afectaría al Reino Unido y a una quincena de países de la Commonwealth. El Gobierno alega que ocho piezas legislativas deberían ser enmendadas o abolidas para garantizar el derecho de un católico a portar la Corona británica.