Televisión particular
TODOS LOS partidos que han tenido responsabilidades de gobierno han incurrido en el mismo vicio de apropiarse de los medios de comunicación públicos. Acabar con esa desviación de poder es un problema pendiente de la democracia española, como lo es, en algún caso, de otros países de la UE. No se trata únicamente de que el partido, el Gobierno y el presidente de turno -sea el de España o el de cualquier autonomía con televisión propia- utilicen los medios públicos como pedestal para su propia exaltación y propaganda. Hay que sumar la tentación de convertirlos en piezas de su propio multimedia particular, en competencia desleal con los medios que compiten en el mercado.El mecanismo clave que hace posible esta situación anómala es la doble financiación, a través de la publicidad y del presupuesto. Los medios públicos distorsionan los mercados de la publicidad, de los derechos de transmisión e incluso de los profesionales, y no se ven sometidos al escrutinio inapelable que son los resultados a final de ejercicio, ya que el presupuesto cubre el déficit. Para colmo, son estos mismos Gobiernos los que delimitan el terreno de juego legal en el que deben moverse los medios o los que deciden en qué casilla debe jugar su televisión a la hora de configurar alianzas con grupos privados. Sólo la debilidad de la Comisión Europea explica la lentitud con que se está abordando el dossier de las televisiones públicas españolas como un flagrante atentado a la libre competencia a cargo de los Gobiernos, sea el central o los autonómicos.
En el caso de Cataluña esta situación se ve agravada por una circunstancia: su Gobierno es el único que no ha cambiado ni de color político ni de presidente desde la creación de la Corporació Catalana de Radio i Televisió. Quien fundó las emisoras de televisión y radio y quien ha nombrado a todos sus directivos en los últimos 18 años es la misma persona: igual que si se hubiera tratado de un propietario privado. Dado que todos los partidos han incurrido en prácticas similares, se ha hecho muy difícil hasta ahora que alguien lance una iniciativa para arrancar a estos medios de las manos privadas de los respectivos Gobiernos.
Las elecciones catalanas han permitido la cristalización de un amplio consenso social y político en favor de un nuevo modelo de gestión de TV-3 y Catalunya Ràdio. El Parlamento catalán ha debatido ahora sobre el modelo y ha alcanzado un consenso sobre la forma de nombramiento del próximo director general mientras se elabora una nueva legislación, dando así un paso hacia la devolución de TV-3 y Catalunya Ràdio a la sociedad catalana. El PP ha publicitado también algunos escarceos hacia un nuevo modelo de radiotelevisión pública, aunque manteniendo el nombramiento del director general en manos del Gobierno y no del Parlamento, como ha propuesto Almunia. PP y PSOE tienen la oportunidad y la obligación de definir sus respectivos modelos y someterlos al ya inminente voto de los electores.
