El Supremo confirma la pena a colaboradores de los terroristas

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de ocho años de prisión a los integrantes de un grupo de apoyo al comando Vizcaya, de ETA, al considerar que no se les pueden aplicar los criterios de la sentencia del Constitucional que revocó la condena de los antiguos dirigentes de Herri Batasuna por el caso de la difusión del vídeo electoral de la banda terrorista.El Constitucional consideró desproporcionada la pena de siete años impuesta a los miembros de la Mesa Nacional de HB por colaborar con la banda terrorista mediante la emisión de una cinta suya con ocasión de los comicios generales de 1996. Sin embargo, el Supremo explica en la sentencia hecha pública ayer que la falta de proporcionalidad apreciada por el Constitucional está constreñida a los integrantes de la antigua dirección de HB "en razón del concreto delito por el que fueron condenados".

Así, el fallo dictado ahora por el Supremo confirma las penas impuestas a ocho colaboradores del comando Vizcaya por la Audiencia Nacional a raíz del intento de asesinato de un sargento del Ejército en Lujua (Vizcaya) en noviembre de 1994.

El comando que intentó asesinar al sargento estaba compuesto por Koldo Martín Carmona, Lourdes Churruca y Ángel Irazabalgeitia. El militar consiguió repeler la agresión y, después de un tiroteo de los etarras con la Ertzaintza, resultó muerto Irazabalgeitia y capturados sus dos compañeros.

Informes para un atentado

La caída del comando arrastró la de su grupo de apoyo, integrado por ocho colaboradores, a los que se probaron las conductas siguientes: Gregorio Martín Gómez alojó en su domicilio a Koldo Martín, y Pedro Narbarte Gil, a los otros dos activistas;Juan Carlos Beraskoetxea Arizmendi informatizó un listado de 5.000 integrantes de los cuerpos y fuerzas del Seguridad del Estado; Zigor Larreategi Barberia, profesor de una ikastola de Bilbao, aceptó comprobar información sobre personas; Jon Ugutz Bilbao robó dos coches para que los utilizasen los miembros del comando, por lo que ha sido condenado además a dos penas de seis meses de prisión, y Juan María Fullaondo Batanzos comprobó matrículas de vehículos y recibió dos pistolas, por lo que ha sido condenado adicionalmente a otros cuatro años.

Víctor Cerrada Fernández recogió informaciones sobre las horas de paso de los coches de un comisario de policía y de un agente nacional de Basauri que posteriormente sirvieron para un atentado. Igor Fullaondo realizó una información sobre la hija de un mando militar de Santurtzi.

El Supremo señala que la desproporción de la pena no puede alcanzar a algunos hechos "que rozan la línea, a veces imprecisa, que separa la colaboración desde el exterior con las actividades terroristas de la plena inserción en la organización que las ejecuta".