La falta de inspectores provoca el archivo de la inmensa mayoría de quejas sobre residencias

La escasez de inspectores para supervisar los centros que ofrecen prestaciones sociales provoca el archivo de la inmensa mayoría de las quejas sobre residencias de ancianos que formulan los usuarios. La Consejería de Bienestar Social cuenta con media docena de inspectores a las órdenes de la dirección general de Servicios Sociales, es decir, sin un jefe específico. La ley de Servivios Sociales exige un servicio de inspección constituido por 16 personas. Desde 1997 hasta septiembre de este año, se han presentado ante la Consejería de Bienestar Social un total de 144 quejas y denuncias relativas a residencias de la tercera edad. La consejería ha resuelto en ese plazo el cierre de nueve centros que funcionaban sin la pertinente autorización, pero ha archivado un total de 114 expedientes. La residencia Levante fue objeto de una denuncia en 1998 por carencias en los servicios de atención médica a los ingresados. Pero la primera queja siguió el camino de tantas otras y fue archivada por la consejería.

Antonio Femenia, portavoz de UGT, denunció ayer el lamentable estado de los servicios de inspección de la Consejería de Bienestar Social cuya dotación hace imposible una adecuada política preventiva. "Es una inspección forense que se limita a levantar los cadáveres", comentó Femenia.

Carencia crónica

La carencia de plazas públicas en residencias para la tercera edad es crónica en la Comunidad Valenciana y fue objeto de un detallado informe de parte del Síndic de Greuges, quien alertó en 1996 sobre el volumen de las denuncias presentadas al respecto. José Sanmartín, entonces consejero de Trabajo y Servicios Sociales, mantuvo una airada polémica con Arturo Lizón, entonces Síndic de Greuges, y descargó toda la responsabilidad sobre sus predecesores socialistas. Pero en la actualidad la Comunidad Valenciana dispone de 0,7 plazas en residencias públicas por cada 100 personas mayores de 65 años, uno de los índices más bajos de todo el Estado.

Carmen Mas, consejera de Bienestar Social, admitió ayer que desconoce el posible número de residencias ilegales que operan en la Comunidad Valenciana, pero se ofreció para comparecer ante las Cortes y explicar el caso de la residencia Levante. La oposición socialista, que lamenta que muchas residencias de la tercera edad que fueron clausuradas antes de 1995 han reabierto sus puertas, asegura que en la actualidad funcionan al menos 100 centros clandestinos que atienden a unos 2.000 mayores.

Una pregunta parlamentaria formulada en septiembre por el socialista Antonio Torres solicita información sobre el número de residencias ilegales detectadas en la provincia de Alicante por la inspección. La consejería asegura haber identificado seis centros ilegales en Alicante, dice desconocer el número de ancianos atendidos en esos centros y recuerda que la ley de Servicios Sociales ofrece un plazo de tres años para que todos los centros se ajusten a las exigencias de la nueva normativa. Entre los centros ilegales se encuentra precisamente la residencia Levante de Formentera de Segura.

El Consell que preside Eduardo Zaplana optó por potenciar el denominado bono-residencia para paliar las deficencias de la red pública en lo relativo a residencias para la tercera edad. El bono-residencia constituye una ayuda que recibe directamente el usuario para subvencionar los costes de su ingreso en una residencia privada.

La Generalitat siempre ha esgrimido la libertad de elección como argumento en favor del bono residencia. Su dotación en los presupuestos de este año asciende a 2.700 millones de pesetas, con un aumento de 1.000 millones sobre el ejercicio anterior.

La Consejería de Bienestar Social sólo ha inspeccionado de oficio cuatro de las residencias privadas acogidas al modelo de bono-residencia. Pero durante el primer semestre de 1999 ha iniciado un total de 60 expedientes a requerimiento de particulares.