El alcalde de Siete Aguas y veinte vecinos declaran ante el juez por el aumento del censo de cara a las elecciones
Con la declaración del alcalde de Siete Aguas, Guillermo Zahonero, y cuatro personas más, comenzó ayer la prueba testifical por el caso del supuesto aumento irregular del censo de Siete Aguas en las pasadas elecciones. Este incremento supuestamente habría favorecido al PP local en las municipales donde consiguió mayoría absoluta. El juez ha ordenado declarar a 21 titulares de domicilios que tienen empadronadas de forma "irregular", según la acusación, a un elevado número de personas en la mayoría de casos. Las declaraciones continuarán durante hoy, el 11 y 12 de noviembre aunque, consultado el denunciante, se pedirá la ampliación de pruebas testificales "a aquellas personas que no tienen ninguna relación con el pueblo, para que expliquen qué les unía con el Ayuntamiento".
Según la acusación, Zahonero y el resto de testigos "han tenido que demostrar la relación que mantienen con las personas que tienen en sus viviendas". Estas personas estaban en sus domicilios porque se los habían alquilado, pero todos ellos "han reconocido que no tienen su residencia habitual en Siete Aguas, sólo pasan temporadas". Fuentes cercanas al proceso también han señalado que estas personas "no sabían por qué se habían empadronado en Siete Aguas". Los declarantes proceden todos del entorno del alcalde de Siete Aguas, su grupo de gobierno o el Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde de Siete Aguas señaló: "Esto es un montaje político, no hay falsedad en los datos que aportamos". En caso de que se le acuse como imputado en el caso, el alcalde de Siete Aguas tomará otro tipo de medidas entre las que no descarta presentarse también como acusación ya que considera que tanto PSOE como UV han empadronado a personas afines, cosa que el secretario general de la localidad desmiente.
Este presunto delito electoral no tiene un acusado concreto: "Ponemos en conocimiento del juzgado la irregularidad de una serie de hechos y el juez tendrá que determinar quién es el último responsable. Si demostramos que hay algún delito electoral por parte de algún funcionario, esa persona sería inhabilitada", apunta el denunciante, para quien existe una "infracción administrativa".
La mayor parte de esas personas se empadronaron el 31 de diciembre de 1998 y entre los meses de noviembre y diciembre del mismo año. En esta causa existe la denuncia del PSOE comarcal a la junta electoral efectuada el 13 de mayo y su posterior envío al juzgado de Requena que estimó el caso y abrió diligencias, la denuncia como acusación particular del secretario general del PSOE de Siete Aguas José Luis Vallejo y la de otro vecino de Siete Aguas que ha aportado el nombre de más personas empadronadas de igual manera irregular.
