El Gobierno se hace antipático

Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro años y 100 días largos, dejará de serlo cuando concluya esta legislatura (junio, 2003) para regresar a su oficio de fiscal, abandonado desde tiempos remotos, o escalar posiciones por los muros del palacio de la Moncloa.El interesado ha hablado tantas veces de su futuro, que ha terminado por sacar consecuencias inmediatas para su presente: la forma de gobernar la Comunidad de Madrid en el tiempo que le queda será distinta porque ya no tendrá que someterse más a las elecciones autonómicas para revalidar el cargo. Gobernará Ruiz-Gallardón sin pensar demasiado en las consecuencias electorales de sus actos; tomará decisiones antipáticas siempre que lo considere adecuado para el buen estado de la región, según cuenta estos días el presidente madrileño.

Ya no buscará contentar a los vecinos de Vallecas para evitar que le persiga por las inauguraciones un hombre disfrazado de gallo; ni utilizará medias tintas para tratar con los sindicatos, aunque le convoquen manifestaciones en la Puerta del Sol...

Para demostrar este giro en la gestión, en los primeros 100 días de su segundo y último mandato ha conseguido cabrear a varios colectivos sociales con sus declaraciones y decisiones.

Primer ejemplo: los vecinos de Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid sufrirán uno de los agravios comparativos más escandalosos del transporte colectivo madrileño. El viaje desde Fuenlabrada hasta la capital en metro a partir del 2004 (fecha prevista para la inauguración del metrosur) costará tres veces menos que el trayecto subterráneo entre Arganda y Madrid. Un regalo de Ruiz-Gallardón al sur que perjudica claramente al este: reequilibrio territorial.

El presidente tomó tan discriminatoria decisión mientras almorzaba en Leganés con periodistas que le preguntaron por las tarifas del metrosur. Su consejero de Transportes, Luis Eduardo Cortés, sugirió que los precios podrían ser más caros que los aplicados en la red de metro de la capital. Ruiz-Gallardón le rechazó con la mirada, corrigió la tarifa en un segundo y decidió que sería equivalente a la aplicada en Madrid (130 pesetas el billete sencillo). Y no se hable más; es la última legislatura del presidente.

Justificar que un ciudadano pague mucho más si coge el metro en Arganda (430 pesetas) que si lo hace en Fuenlabrada (130) puede resultarle al Gobierno regional más complicado que llevarse bien con el Ayuntamiento de Madrid.

Unas semanas después de la reprobación pública a las ideas tarifarias de su consejero de Transportes, y ganadas ya las elecciones del 13-J, Ruiz-Gallardón premió al reprobado Cortés con la vicepresidencia del Gobierno. Un cargo que sólo ha tenido reflejo en el Boletín Oficial de la Comunidad y en la nómina del político. En la gestión diaria, el vicepresidente Cortés no ejerce su autoridad sobre el resto de consejeros, que dirimen sus encontronazos ante el árbitro Ruiz-Gallardón. Ni siquiera le ha servido al presidente tener un vicepresidente para descargar en él tareas protocolarias. De momento.

El eficaz Cortés, que ha conseguido abrir más de 50 nuevos kilómetros de metro en cuatro años, avanza con las tuneladoras de las grandes constructoras en los proyectos más espectaculares pensados nunca para la red de metro madrileña (el metrosur y la unión de Nuevos Ministerios con el ramal que conduce al aeropuerto de Barajas).

También trabajó de diplomático el vicepresidente para evitar que las relaciones entre el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, y el presidente regional se despeñarán definitivamente por un barranco. Cortés impulsó la firma de la paz de Barajas, aunque para ello Ruiz-Gallardón tuviera que negar por escrito sus declarados principios en contra de la ampliación de Barajas y a favor de la inmediata construcción de otro aeropuerto en Campo Real. En este asunto, Ruiz-Gallardón prefirió optar por la simpatía que se le supone a un hombre de Estado, aunque para eso tuviera que cargar su cartera de contradicciones.

Se volvió antipático el presidente al comenzar el curso escolar. No visitó ni un colegio, aunque ya eran de su competencia. Y no le preocupó molestar a miles de padres (al menos 7.000) negándoles el derecho a que sus hijos tuviesen jornada continua (de 9.00 a 14.00) en 25 centros públicos de Alcalá de Henares. En estos colegios, el 80% de los progenitores había votado a favor del cambio horario, cumpliendo los requisitos que en su día impuso el Ministerio de Educación para autorizar el horario intensivo.

El presidente regional declaró que sólo las familias con más recursos económicos se beneficiarían de la jornada continua, pues podrían costear las actividades extraescolares de tarde para prolongar las clases de sus hijos. Ignoraba Ruiz-Gallardón entonces (hace sólo 15 días; hoy ya lo sabe) que dichas actividades extraescolares existen con el actual modelo de jornada partida y diferencian entre ricos y pobres, pues son de pago y están privatizadas en la mayoría de colegios públicos de la región (a razón de 7.000 pesetas al mes por una hora diaria de inglés, gimnasia, danza, teatro o informática).

El horario escolar no ha sido el único problema en el estreno de las competencias en la gestión de la enseñanza no universitaria. Tras un alegre pacto con toda la comunidad educativa que garantizaba una inversión de 131.000 millones para mejorar la escuela pública en los próximos cinco años, el presidente ha descubierto ahora que la mayoría del dinero se quedará en los bolsillos de los profesores por las mejoras retributivas pactadas.

Más problemas: los dos principales gestores educativos con los que el Gobierno regional comenzó a administrar la enseñanza en junio, José Luis Centeno y Juan Aguilar, dejaron sus puestos en octubre por supuestas desavenencias con la Consejería de Hacienda, encargada de tramitar el gasto de los 131.000 millones para aplicar el pacto escolar. Ruiz-Gallardón negó las discrepancias; el Gobierno tapó los agujeros de urgencia.

Gustavo Villapalos, consejero de Educación, ha convocado a todos los sectores para debatir la jornada continua, aunque mantiene su negativa al nuevo horario. Ruiz-Gallardón le busca simpatizantes; su Gobierno se ha vuelto antipático.