Los jueces despejan las dudas legales del Ayuntamiento para abrir narcosalas

Madrid - 08 oct 1999 - 00:00CEST

La muerte de un drogodependiente en el interior de los recintos que la Comunidad planea abrir para que los heroinómanos se pinchen en condiciones higiénico-sanitarias, las llamadas narcosalas, no traería ninguna consecuencia de carácter penal para las administraciones públicas. Así lo creen distintos magistrados consultados ayer por este periódico y las principales asociaciones profesionales de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia y la Unión Judicial Independiente (UJI)-. En caso de responsabilidad por parte de las instituciones, ésta sería sólo de carácter civil -es decir, económica y patrimonial (indemnizaciones)-, pero no penal, coinciden en señalar los magistrados.Los jueces despejan así las dudas que recientemente planteó en este sentido la cuarta teniente de alcalde, la ex juez María Tardón, al gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera.

Cabrera dijo el pasado miércoles que los temores sobre las posibles consecuencias legales de las narcosalas son las que han impedido que el Ayuntamiento dé el visto bueno para la apertura de los recintos. Para José Luis Requero, portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora, "la preocupación del Ayuntamiento no es descabellada", si bien entiende que cualquier responsabilidad sería sólo "económica y patrimonial".

Requero argumenta: "Desde el momento en que tres administraciones deciden acoger una instalación de este tipo, todo lo que ocurra allí es su responsabilidad".

El magistrado aclaró que en todo caso habría que analizar las razones de la muerte del drogadicto para determinar el tipo de responsabilidad, si la hubiere. Así, si un heroinómano sufre una sobredosis y no es atendido con suficiente rapidez o si utiliza jeringuillas que recoge en el suelo sin que el personal sanitario lo controle, entonces, dijo el magistrado, "podría existir una responsabilidad, que en este caso sería compartida entre las instituciones", destacó.

"La muerte por situaciones fortuitas o sólo achacables al drogodependiente no traería ninguna consecuencia legal", agregó Requero.

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"Las "narcosalas" son sólo un parche", afirma un magistrado

VIENE DE LA PÁGINA 1Monserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, de talante progresista, opinó que la Administración, en este caso, carecería de responsabilidad penal e incluso civil. Comas alabó la propuesta de la Agencia Antidrogas, cuya función, dijo, es bastante "loable", y añadió que el hecho de que los heroinómanos "se pinchen de forma voluntaria a sabiendas de un posible fallecimiento resta responsabilidad a las administraciones". "A ningún juez de España se le ocurriría imputar a las instituciones la muerte de un heroinómano en una narcosala", vaticinó.

Las consecuencias civiles de las que habla la Asociación de Profesionales de la Magistratura son, según Montserrat Comas, posibles, pero de manera "muy hipotética". El presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid y portavoz de la UJI, de carácter liberal, José Manuel Maza, fue más allá en su apreciación: "Sería muy difícil una implicación penal, pero yo creo que las narcosalas son sólo un parche: lo que tiene que hacer el Estado", matizó, "es suministrar la sustancia a los heroinómanos de forma controlada y, paralelamente, ofrecer programas de rehabilitación".

José Antonio Alonso, magistrado de la Audiencia, señaló: "Las administraciones sólo responden de las obligaciones que asumen, nada más; en este caso, su deber se limita a asegurar razonablemente las condiciones higiénico sanitarias".

El gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera, también dio ayer su opinión, durante un encuentro con responsables de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD): "La responsabilidad será del usuario que consume la droga, de nadie más", informa Begoña Aguirre.

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