Un acuerdo para cerrar Jerez Industrial e indemnizar a la plantilla con 1.360 millones acaba con medio año de conflicto

El conflicto de Jerez Industrial, SA, (JISA) acabó en la madrugada del miércoles tras un acuerdo alcanzado por la empresa y los trabajadores ante representantes de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta. El documento final, de siete folios, implica a todas las administraciones en la resolución de la crisis y compromete a la empresa al pago de una indemnización de 1.360 millones de pesetas a la plantilla, formada por 185 empleados. Los centros de trabajo del grupo cerrarán definitivamente sus puertas. La firma entre la empresa y los trabajadores establece una serie de plazos que comienzan a contar a partir del 1de octubre. En un primer periodo, hasta el 31 de diciembre, los contratos serán suspendidos y se pagarán los salarios que se deben desde mayo, fecha en la que los trabajadores dejaron de cobrar. Antes de que finalice el año debe negociarse con el Gobierno central y la Junta de Andalucía la cobertura que se prestará a los que decidan acogerse a las prejubilaciones. JISA se compromete, por su parte, a pagar antes de enero del 2.000 el montante total de las indemnizaciones. El portavoz de la plantilla, José Antonio Sánchez, manifestó ayer que la intención del comité de empresa es que el mayor número posible de trabajadores pueda prejubilarse. De esta forma, el resto de los empleados accedería a una mayor cuantía en el reparto de los 1.360 millones de indemnización y tendrían más facilidades a la hora de participar de las políticas activas de empleo que el Ejecutivo andaluz tiene previsto poner en marcha para revitalizar el sector de las artes gráficas en Jerez. Estos trabajadores podrán beneficiarse de estas iniciativas de creación de empleo a través de instrumentos como las cooperativas o las sociedades anónimas laborales. Cesión de inmuebles Otra de las bases del acuerdo recoge la obligación, por parte de la compañía. de ceder a los trabajadores al menos cuatro inmuebles que la firma posee en Jerez y El Puerto de Santa María. Las instalaciones, no obstante, soportan una carga de más de 3.500 millones de pesetas de deuda en concepto de pasivos e impuestos patrimoniales, por lo que las administraciones tendrían que condonar esas cantidades. El documento prevé que los terrenos pudieran ser entonces recalificados y vendidos para destinar los beneficios al pago de prejubilaciones. Los portavoces de la plantilla lamentaron profundamente ayer haber tenido que llegar a este punto y aseguraron haber firmado el acuerdo "por la insoportable situación de asfixia" que venían soportando. El comité de empresa achacó a la ambición, el lucro y la mala gestión de los propietarios la destrucción del sector de artes gráficas en Jerez.