Los fiscales creen que Liaño no prevaricó pero que su actuación fue "censurable"

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ratificó ayer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el juez Javier Gómez de Liaño su opinión de que éste no incurrió en un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una medida injusta) en las resoluciones que adoptó en el caso Sogecable. Cardenal se acogió a su prerrogativa de declarar por escrito y sus respuestas fueron leídas ante el tribunal. El fiscal del caso Liaño, José María Luzón, dijo que en alguna ocasión el juez observó una "conducta censurable, que evidencia su forma de ser, pero que excluye la prevaricación".

El criterio del fiscal general, Jesús Cardenal, no fue expresado de forma directa, sino ante la pregunta siguiente: "¿Ratifica que el 30 de junio de 1998 dijo ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que, "después de estudiar detenidamente los autos del juez Gómez de Liaño, llegamos a la conclusión -y hablo en plural porque éramos varios los fiscales- de que aquello no constituía en ningún caso un delito de prevaricación?". Y Cardenal respondió: "Sí, lo ratifico". Era la quinta cuestión planteada. Sin embargo, ante la décima pregunta, Cardenal declaró que conocía los autos dictados por Gómez de Liaño desde que él fue nombrado fiscal general y que los de antes los conoció a posteriori. "Aunque no lo puedo asegurar", matizó.

Cardenal fue preguntado por dos de los autos de Liaño tachados de prevaricadores: el del 15 de mayo, por el que declara de nuevo el secreto sumarial cuando la Sala había ordenado levantarlo, y el del 26 de junio de 1997, por el que impone 200 millones de pesetas de fianza a Jesús de Polanco a pesar de no haber delito. "El primero no lo recuerdo. El del 26 de junio lo leí atentamente", respondió el fiscal general. Preguntado por si los aprobó, dijo: "El de mayo no lo recuerdo. El segundo puede que lo aprobase, pero, dado el tiempo transcurrido, no lo puedo recordar".

El fiscal encargado del caso Liaño ante el Tribunal Supremo siguió las mismas directrices que las de la declaración de Jesús Cardenal. En síntesis, negó que en la conducta de Liaño se apreciase una "voluntad global prevaricadora" y pidió la absolución. Luzón admitió que el fiscal Ignacio Gordillo y el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se resistieran "en su fuero interno" a seguir el criterio de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que consideraba que no había delito en el caso Sogecable, porque Gordillo "llevaba más años de fiscal" que los tres fiscales de la Secretaría Técnica con los que mantuvo una reunión y Fungairiño era más antiguo que el fiscal jefe de dicha secretaría, Eduardo Torres-Dulce. Luzón pasó por alto que el entonces fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, -que es más antiguo que Gordillo y Fungairiño- llamó a Gordillo para decirle que su criterio como fiscal del Estado era el mismo que el de su Secretaría Técnica. Luzón también valoró que Gordillo se atuvo "en términos generales" a las órdenes de Úrculo, en contra de los declarado por éste ante el tribunal. Luzón afirmó también que la resolución en la que Liaño decretó el segundo secreto del sumario -un "limitadísimo secreto parcial", dijo- dos días después que la Audiencia Nacional le ordenara levantarlo, se debió al "empeño y empecinamiento" del instructor, pero fue "un empecinamiento desde el convencimiento de lo adecuado de la medida". En cuanto a la decisión de Liaño de convocar al fiscal y a las acusaciones para preguntarles si la Sala que corrigió sus decisiones había prevaricado, Luzón lo consideró demostrativo de que el procesado "actuó en el convencimiento de que le asistía la razón". "Es una conducta censurable que evidencia el modo de ser del juez, pero que excluye la prevaricación", remató.

Por parte de la Asociación de Estudios Penales, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez acusó a Gordillo de "haber mentido" al tribunal, pidió para Liaño 60 años de inhabilitación como juez por tres delitos de prevaricación y aseguró que " los ciudadanos tienen derecho a que si el que comete delito es un juez, se le condene igual que a cualquier otro ciudadano".