El portal de Belén

El inicio ayer de la vista oral del proceso penal contra el magistrado Javier Gómez de Liaño, acusado de tres delitos de prevaricación en la instrucción del llamado caso Sogecable, ha puesto en marcha las estrategias de intimidación y las campañas de presión mediáticas sobre el tribunal características de los juicios dominados por componentes políticos. Abrió el fuego el pasado lunes la revista Época, dirigida -nada casualmente- por Jaime Campmany, el antiguo socio periodístico de Mario Conde, que presentó ante la Audiencia Nacional la denuncia contra Sogecable a partir de la cual el magistrado Gómez de Liaño -pariente político del denunciante- abrió diligencias a velocidad de vértigo.La portada del semanario anunciaba una entrevista con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con la llamada "Gómez de Liaño es inocente", en el interior, un titular a toda página matizaba la sensacional noticia: "Creo que Gómez de Liaño es inocente", en consonancia con la respuesta dada por el fiscal general a la cándida pregunta de la periodista: ("Puesto que va a testificar al parecer a su favor, y que el fiscal del Supremo va a pedir la absolución, ¿cabe pensar que a su juicio es inocente"). En declaraciones publicadas ayer por EL PAÍS, sin embargo, Jesús Cardenal aclaraba que "el fiscal es una parte en el proceso" y que como tal "sabe que no hay una persona inocente o culpable hasta que lo dice el tribunal en la sentencia".

El fiscal general del Estado mostró ya su inclinación a la imprudencia cuando comparó los golpes de Estado militares en el Cono Sur con los estados de alarma, de excepción y de sitio regulados por la Constitución Española; ahora advierte consternado que la entrevista concedida a la revista Época se ha publicado, precisamente, la víspera de comienzo del juicio oral: "Ahí sí que la coincidencia no pasa de ser pura casualidad". Es seguro, en cambio, que el director del semanario no lo había olvidado.

El ex director de Arriba vuelve al día siguiente por sus antiguos fueros falangistas de censor periodístico para advertir de que "el cuarto poder o contrapoder de la prensa" es un serio peligro para las instituciones del Estado y los tribunales; como en los tiempos en que el Gobierno cerraba el diario Madrid con su aplauso, Campmany considera ahora que el juicio de Gómez de Liaño no sería sino la lucha de "una soberbia representación del cuarto poder", es decir, el diario EL PAÍS, "contra la administración de la justicia".

Sucede, sin embargo, que la única interferencia periodística relacionada con este juicio es la campaña mediática desatada por los periódicos, radios y televisiones vinculadas al Gobierno de Aznar o a su partido. El diario El Mundo, que sirvió a Mario Conde como vehículo transmisor de sus chantajes contra el Estado, reprodujo ayer, con formato de editorial, un apretado resumen de los leguleyos argumentos de la defensa letrada del magistrado Gómez de Liaño, aprovechando el viaje para acusar calumniosamente a dos prestigiosos magistrados de la Sala -Enrique Bacigalupo y Gregorio García-Ancos- de tener "estrechas vinculaciones profesionales" con esa nueva figura de la mitología fantástica que es "el polanco-felipismo". Pero la novedad no es que el desprestigiado órgano gubernamental dirigido por Pedro J. Ramírez trate de forzarle la mano al Supremo para imponerle una sentencia acorde con sus deseos.

Más sorprendente resulta que el diario Abc, el nuevo buque insignia del Palacio de la Moncloa, que acaba de estrenar director, se haya sumado a la santa cruzada dirigida a conseguir la absolución de Gómez de Liaño. Un suelto sin firma titulado "Justicia para un juez" considera "difícil de defender" e "improbable" que el instructor del caso Sogecable haya cometido prevaricación; un largo artículo -también sin firma- titulado "La responsabilidad penal de los jueces" da un paso mas allá en la pretensión de Abc de ocupar el lugar del Supremo y dictar sentencia absolutoria a favor de Gómez de Liaño. Resulta, así, que las querellas contra los jueces suelen registrar "un número muy elevado de acciones temerarias", destinadas a forzar la abstención o la recusación del magistrado "o a satisfacer un simple ánimo de venganza del querellante".

También sucede a veces que "se criminalizan actos que sólo tienen relevancia disciplinaria o se califican interesadamente como prevaricación decisiones discutibles o erróneas -pero no intencionada o negligentemente injustas-, adoptadas dentro de los límites de la discrecionalidad que las leyes conceden a los jueces". ¿Cómo separar, se pregunta el diario dirigido desde la semana pasada por José Antonio Zarzalejos, el trigo y la cizaña? La respuesta es bien sencilla: "Ante el riesgo evidente de admitir querellas infundadas", el criterio decisivo debe ser la opinión del ministerio fiscal, en este caso -¡oh, casualidad!-, favorable a la absolución de Gómez de Liaño. Aunque los caminos del Señor son inescrutables, el fiscal Cardenal, Jaime Campmany, Pedro J. Ramírez y José Antonio Zarzalejos parecen haber sido conducidos al portal de Belén por el mismo ángel.