Los incendios han calcinado 6.000 hectáreas en los últimos diez días
Más de 6.000 hectáreas devastadas en diez días. Una avalancha de incendios ha atacado en la última semana las comunidades andaluza y valenciana, precisamente dos de las regiones más afectadas por la sequía. La riada de fuego ha provocado la movilización de todas las fuerzas destinadas a la lucha contra los desastres forestales y en algunos lugares ha tenido que intervenir personal del Ejército.Hay incendios que han destrozado áreas de gran valor ecológico. En el parque natural de Montgó (Alicante) han ardido -ayer no había sido dado por extinguido oficialmente- 450 hectáreas. Que el siniestro fue intencionado no ofrece dudas: se originó en cinco focos estratégicamente escogidos. La asociación ecologista Adena lo vincula a la "presión urbanística" existente en las inmediaciones. En los alrededores de Enguera (Valencia) quedaron calcinadas más de 2.600 hectáreas por culpa de una quema incontrolada de rastrojos. Es el tercer incendio más importante en la zona, después de los que arrasaron 9.000 hectáreas en 1975 y 4.500 en 1984. Hoy sigue vivo el fuego que ha quemado más de 2.000 hectáreas -4.000, según el alcalde del pueblo, el socialista José Cambil- en Otívar (Granada), en la sierra de Cázulas.
En los primeros siete meses del año se quemaron 12.000 hectáreas menos que en el mismo periodo de 1998, un anuncio que ha sido tachado de triunfalista por haberse realizado en medio del verano.
Asociaciones y partidos hacen hincapié en la falta de prevención por parte de los Gobiernos autonómicos o del central. Greenpeace considera que la "sensación de impunidad" que tiene la opinión pública ante los incendios forestales es causa principal de los mismos.
La portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, exigió una ley forestal, en sustitución de la de 1957, que recoja medidas de atención a los bosques todo el año, no sólo en verano. Recordó la propuesta socialista, rechazada por el PP, que pedía que los suelos quemados no puedan ser recalificados en 50 años para evitar la especulación inmobiliaria.
