Una misión militar chilena sondea en Madrid la situación política y judicial del "caso Pinochet"

Una misión militar chilena, encabezada por el brigadier general Juan Carlos Salgado, llegó a Madrid el pasado sábado para mantener diversos contactos y conocer así la situación política y judicial sobre el proceso contra Augusto Pinochet. La detención del ex dictador en Londres, el pasado 16 de octubre, ya movilizó entonces a un nutrido grupo de militares, políticos, empresarios y abogados. El grupo desplazado ahora a Madrid pretende determinar el alcance de la negociación de un arbitraje amistoso España-Chile sobre el caso y, en el plano judicial, la marcha de los recursos de la fiscalía contra las resoluciones del juez Baltasar Garzón.

No ha sido infrecuente el paso por España de militares chilenos durante los últimos meses. Pero es la primera vez que llega una misión después de la decisión de Pinochet de personarse en el caso Chile y enviar a Madrid, a mediados del pasado julio, los poderes para hacerlo. Uno de los objetivos de la comisión militar, dirigida por el general que actúa de enlace de la cúpula castrense con Pinochet, es contactar con los abogados españoles que se ocupan del asunto y saber qué posibilidades hay de impugnar en la Audiencia Nacional la jurisdicción española en el caso. De otro lado, el abogado Geoffrey Bindman -en nombre de Amnistía Internacional, el Reino Unido y las víctimas de la dictadura chilena- escribió el pasado día 5 al abogado del Estado del Reino Unido, lord Gareth Williams, pidiéndole la confirmación de que perseguirá judicialmente a Pinochet "en el caso de que la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de España sea retirada". Según informaciones difundidas ayer en Londres, la Fiscalía de la Corona comunicará al ministro británico del Interior que, si el proceso de extradición de Pinochet es abandonado por España, él debe poner en marcha una investigación sobre las denuncias de torturas. En España, el PSOE exige que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, explique en el Congreso qué "órdenes" ha dado al fiscal general del Estado en relación con este caso.