El juez Garzón permite la reapertura de "Egin", pero controlará sus finanzas

El juez Baltasar Garzón autorizó ayer la reapertura del diario Egin y la emisora Egin Irratia a partir del próximo 1 de octubre al estimar que "ha desaparecido prácticamente" la actividad criminal de ETA. Sin embargo, mantendrá por seis meses la administración judicial sobre las empresas Orain, Ardatza, Erigane y Hernani Imprimategia, lo que, unido a la situación de quiebra técnica del grupo, hará casi inviable la reanudación de su actividad.

Garzón señala que cada una de las diligencias practicadas en el sumario ha demostrado "la existencia dependiente del grupo empresarial Orain-Egin de la dirección de ETA, como uno de los instrumentos esenciales para el desarrollo, propagación y exaltación de la actividad criminal de la organización terrorista".Pero el juez añade que a un año vista de la intervención del periódico y la emisora de radio, "la actividad criminal de ETA ha disminuido sensiblemente y aunque permanece latente en este momento -con manifestaciones aisladas de violencia callejera-, lo cierto es que la que podía desplegar a través del frente informativo de Egin y Egin Irratia ha desaparecido prácticamente después de la intervención judicial".

Garzón aprecia que en esta nueva situación "el riesgo de reiteración o continuidad delictiva en este momento ha disminuido en igual sentido e intensidad, y por ello, la finalidad preventiva y limitadora puede cumplirse con la permanencia tan solo de alguna de las medidas adoptadas, que eviten que las empresas del grupo se reactiven y se reintegren en el entramado económico de ETA-KAS, cuya investigación continuará hasta su total esclarecimiento".

El magistrado prevé como tiempo imprescindible para dar por terminadas todas las operaciones en marcha una última prórroga de un mes de suspensión de actividades, hasta el próximo 1 de octubre. En esa fecha "concluirá la suspensión de la actividad mercantil que se refiere a la publicación del diario Egin y a las emisiones de Egin-Irratia, como única actividad desarrollada por el grupo, hayan o no concluido aquellas operaciones policiales".

Sin embargo, Garzón mantiene las medidas de administración judicial de las empresas, embargo y bloqueo de cuentas, para evitar que se reactive el entramado delictivo y para garantizar, ante una eventual reapertura, la contabilidad, los aspectos financieros y cualesquiera otros de índole económica "que no pueden dejarse, bajo ningún concepto, en manos de los antiguos administradores".

El juez precisa que el grupo se encuentra en situación de quiebra técnica y con posibilidad de que el administrador judicial inste la declaración formal de quiebra antes del final de septiembre.

Aunque la declaración de quiebra haría prácticamente inviable la reapertura, Garzón afirma que la administración judicial "no afecta ni interfiere el libre ejercicio del derecho de información u opinión, caso de ejercitarse a través de los medios informativos cuya suspensión se alza, ya que se trata exclusivamente de un control económico y financiero esencial para garantizar la cobertura de las cantidades adeudadas cuya satisfacción es imprescindible para el reinicio de la actividad a cargo de los accionistas.

La reanudación de la actividad editorial o radiofónica deberá acompañarse, por mandato del juez, de un informe económico financiero del administrador judicial que asegure la viabilidad y protección de los intereses que pesan sobre los bienes y efectos intervenidos.

La clausura de Egin y las otras sociedades del entramado fuer acordada por el juez Garzón el 14 de julio de 1998 tras la entrada y registro de sus sedes.