El Defensor del Pueblo admite una queja de minusválidos por los requisitos para eliminar barreras en los edificios

,La libertad de un minusválido para entrar o salir de su casa si vive en un edificio sin rampas está en manos de sus vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal, aprobada hace tres meses, exige que la mitad más uno de los integrantes de la comunidad de propietarios dé su visto bueno para que pueda hacerse una obra que los discapacitados consideran esencial para valerse por sí mismos. Aunque la norma supone un avance, ya que hasta ahora se requerían los tres quintos, la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF) considera que la ley es "inconstitucional" porque vulnera, entre otros, el principio de igualdad y no discriminación. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja que en ese sentido le remitió la CAMF a mediados de junio, y le ha dado traslado a su par nacional por tratarse de una disposición de ámbito estatal. Chamizo no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad alegada por la confederación, pero hace una pormenorizada argumentación a favor de que la supresión de las barreras arquitectónicas sea costeada comunidad de propietarios ya que se trata de un servicio que puede ser utilizado "por todos los comuneros". La confederación argumenta que la ley "obliga a apelar a la caridad de los vecinos". Su portavoz, Gonzalo Rivas, resume el razonamiento con un ejemplo: "Sería como exigir a cada uno de ellos que tuviesen que pedir permiso por el portero electrónico al resto de la comunidad para entrar o salir del bloque". En la queja elevada a Chamizo, la CAMF fundamenta que mientras no se elimine la exigencia de unos votos mínimos, el conflicto va a persistir. "La solución jurídica pasa por no someter el ejercicio de un derecho fundamental a la voluntad de particulares y hasta que no se consiga, cualquier ensayo normativo seguirá vulnerando la Constitución", afirma Rivas. La ley prevé el recurso a la vía judicial, pero la CAMF critica que tengan que recurrir a un juez para defender sus derechos. "Es un gasto de dinero y una pérdida de tiempo", dice Rivas.