Bienestar Social ordena el cierre de un geriátrico ilegal de El Campello y le impone una multa de 2,5 millones

La Consejería de Bienestar Social ha ordenado el cierre de un geriátrico de El Campello y, además, ha impuesto una multa de 2.500.000 pesetas a los responsables del centro por estar funcionando desde 1994 sin las pertinentes licencias oficiales. La resolución de la consejería se produce a raíz de una denuncia presentada por un grupo de propietarios del inmueble donde se ha instalado esta residencia para la tercera edad denominada Casa de la Primavera, sita en la calle de Bernat Metge de la mentada localidad alicantina. La residencia, explotada por la mercantil Promociones Hoteleras Alibur, SA, cuenta con 84 habitaciones. Según José Alberto Escolar, portavoz del grupo de propietarios del inmueble, en su día cedieron los terrenos a la promotora para edificar un aparthotel. "Sin embargo, la mercantil destinó el edificio a centro geriátrico y desde 1994 ha venido funcionado como tal, pese a no contar con los permisos ni del Ayuntamiento ni de la Consejería de Bienestar Social", afirma Escolar, quien asegura que, a pesar de esta nueva resolución de sancionar y ordenar el cierre, el centro continúa abierto al público. Escolar mantiene que los primitivos titulares de la mercantil, José Luis Sánchez y Juan de Dios Ibáñez, ambos con condenas civiles y penales por estafas e impagos, han "cometido auténticos fraudes" para apropiarse de los apartamentos y locales comerciales que nunca llegaron a entregar a los dueños del terreno para poder explotar el inmueble como centro geriátrico. "Como propietarios de parte del inmueble siempre negamos nuestra autorización al cambio de uso del mismo", señala Escolar. En su resolución, la consejería considera que la dirección del centro geriátrico ha cometido una falta muy grave al estar funcionando sin la correspondiente autorización administrativa, provisional o definitiva, del organismo competente. La explotación irregular de la residencia también fue trasladada en su día por los litigantes contra la promotora ante el Síndic de Greuges. El Síndic admitió a trámite la denuncia, que también se extendía al Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social por entender que ambas instituciones públicas eran permisivas con la actividad del centro.