Zaplana podrá privatizar la gestión de Canal 9 pero tendrá que pactar el futuro de las cajas

La holgada mayoría absoluta que ha cosechado el Partido Popular en las Cortes Valencianas permitirá a Eduardo Zaplana llevar a término algunas de las promesas electorales que Unión Valenciana le obligó a dejarse en el tintero durante la pasada legislatura. Los populares avanzaron en 1995 su intención de ceder la gestión de la Ràdio Televisió Valenciana a operadores privados. Una promesa que han reiterado antes de la presente convocatoria electoral aunque no han llegado a presentar el correspondiente programa electoral oficialmente. El PP sostiene que el actual modelo de financiación de la televisión pública es insostenible porque no puede competir en el campo de las nuevas tecnologías y porque la Unión Europea considera competencia desleal la subvención desde la administración autonómica a las televisiones regionales. La insistencia de Unión Valenciana en torno al carácter público de RTVV impidió al PP culminar su objetivo durante la pasada legislatura, pero ese escollo ha desaparecido en la actualidad. La abultada mayoría absoluta de los populares no les permitirá, sin embargo, desarrollar a su antojo sus objetivos sobre las cajas de ahorro. La posible fusión de las dos principales entidades financieras de la Comunidad Valenciana ha sido una apuesta que el PP ha insinuado reiteradamente durante la pasada legislatura, pero que nunca ha querido plantear abiertamente. El acusado descenso de Esquerra Unida, que ha permitido a los socialistas mejorar su representación relativa en las Cortes Valencianas y en buen número de ayuntamientos, obliga ineludiblemente al PP a pactar con la primera fuerza de la oposición cualquier movimiento relativo al futuro de las entidades financieras. Discurso radical La desaparición de Unión Valenciana, y, por lo tanto, de los valedores del discurso más radical en materia lingüística, debe despejar también las vacilaciones del PP sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El amplio acuerdo alcanzado en el seno del Consell Valencià de Cultura y en las Cortes Valencianas entre los dos partidos mayoritarios en torno a la elaboración de la ley de creación de la nueva institución normativa se vió frustrado a la hora de designar a los primeros académicos. Ambos partidos se acusaron mutuamente de la ruptura de las negociaciones invocando razones de índole electoralista. Una vez desplazados los regionalistas del Parlamento autonómico, los populares pueden desenvolverse libremente en una de las cuestiones más sensibles para los que fueran sus socios de Gobierno durante la pasada legislatura, quienes forzaron a los populares a apoyar varias iniciativas muy polémicas en torno a las señas de identidad valencianas.