Campaña, ¿para qué? RAFAEL RIBÓ

Modestamente, creo que las campañas poco sirven en España para informar a los ciudadanos sobre las diversas opciones, sabiendo además que tan sólo el 10% de los electores decide su voto en el periodo de la campaña electoral. Objetivamente se dificulta el conocimiento de las diferencias entre las opciones; elegir es optar, y para poder optar se deben constatar las diferencias reales. Aquí ejerce un papel primordial la relación entre partidos y medios de comunicación. Se ha dicho millones de veces que el que no sale no existe. Lo importante es saber quién y en virtud de qué decide sobre quién sale. En un reciente estudio de la Fundación Bofill se decía que no tenía interés votar en las autonómicas porque era tal la desproporción de conocimiento sobre Jordi Pujol y los demás candidatos que era como un partido entre el Barça y el Extremadura (yo añado, con perdón de este último). Vivimos, en un país donde no hay casi ni un solo debate político en las cadenas de televisión durante los periodos normales de los mandatos, los cuatro años de legislatura, y como máximo se realiza uno en campaña. En Cataluña, en esta campaña de junio de 1999 es mayor el escarnio dado que se han rechazado los debates televisivos en dos cadenas públicas, TVE y TV-3, tras haber gastado 10 horas para retransmitir las celebraciones del Barça. Se me dirá que la política requiere cada vez más capacidad de llamar la atención, de show. Y que conste que estoy de acuerdo con politólogos como Pasquino, que defienden la espectacularización de la política, o sea, el saber utilizar las modernas técnicas de comunicación para transmitir mensaje, siempre y cuando lleve su contenido, y contando con medios porque si no actuaríamos ante el vacío. Uno puede recurrir a las "acciones" comunicativas para llamar la atención (como colgarse de una pared con un mensaje), pero convendremos en que no es lo más aconsejable para llegar habitualmente a la ciudadanía. Existe una relación inversa entre el uso de tecnologías comunicativas de show y el contenido de los mensajes. Este es el caso de Estados Unidos, donde la diferencia programática entre las opciones es nula o casi, y se recurre a la tecnología para vender a los candidatos. En la última campaña presidencial, los mensajes debían ser de siete segundos por frase. Es la democracia fast food, opción superficial, muy alejada de una dimensión participativa de la democracia deliberativa. En segundo lugar existe una gran desigualdad de recursos financieros. Continuamos moviéndonos en la más absoluta opacidad sobre la financiación de las campañas y de los partidos. Estoy harto de que los ciudadanos, especialmente empresarios, me cuenten y me lloren sobre lo que tienen que pagar para conseguir tal o cual concesión o acceso al mercado de bienes públicos. Precisamente, los casos de corrupción política constatados giran en torno de las campañas electorales: Naseiro, Filesa, Casinos, KIO, Zamora, tragaperras, etcétera. A ciencia cierta, no sabemos cuánto se gastan los partidos en campaña y quién los financia. Quien se crea las cifras que se entregan al Tribunal de Cuentas también debe de creer en los milagros. Basta sólo calcular, con el asesoramiento de un publicitario, qué cuestan los encartes en medios o en vallas para constatar la desproporción entre lo declarado oficialmente y la realidad. De entre las diversas propuestas para subsanar lo anterior propongo, sin perjuicio de contemplar otras medidas de reforma democrática, como sería la reforma ineludible del sistema electoral, suprimir las campañas electorales, la exagerada publicidad, y habilitar canales estables de información política. Propongo la realización constante de debates. Propongo la distribución oficial de los programas de las diversas opciones y de las papeletas suprimiendo los costosísimos mailings electorales de los partidos. Es la Administración la que debe garantizar que la información electoral le llegue a todo el mundo. En segundo lugar propongo medidas para acercarnos a la igualdad de oportunidades entre las diversas opciones. De entre ellas destacaría la financiación más transparente con el correspondiente registro y con la tipificación del delito de financiación