Campaña y empleo

L a campaña electoral en Andalucía está sirviendo bien poco para abordar una de las principales preocupaciones, como es la lucha contra el paro. Si bien las distintas formaciones hablan de fórmulas para la creación de empleo desde los ayuntamientos, esta oportunidad no ha servido aún para arrancar compromisos concretos del Gobierno de la Nación en torno a la transferencia de las políticas activas en materia de empleo. Eso sí, ha servido para conocer nuevos indicios que hablan de la reticencia del PP a que estas competencias pasen a manos de la Junta de Andalucía. A tenor de los reiterados anuncios sobre lo inminente de dicha transferencia realizados por el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, lo cierto es que la Administración andaluza sigue esperando asumir una responsabilidad prioritaria como es la lucha contra el desempleo con mejores instrumentos de los que tiene hasta ahora. Lo último por parte de Pimentel ha sido condicionar ese traspaso a que se tenga en cuenta a los ayuntamientos, una salvedad ésta que no se ha contemplado en otras comunidades, como es el caso más reciente de Canarias o Valencia. Superado, por tanto, por el tiempo, cada uno de los anuncios sobre la fecha exacta en la que se produciría esa transferencia, lo cierto es que desde el Ejecutivo andaluz se trabaja ya en otras iniciativas como es el futuro Servicio Andaluz de Colocación. Esta semana se ultiman los detalles de lo que será la agencia andaluza de empleo con la que la Junta espera llevar a cabo una política más eficaz para reducir los niveles de paro existentes en la actualidad. De esta forma, su aprobación por parte del Consejo de Gobierno se considera inminente, a pesar de la tardanza de Madrid en cumplir sus compromisos. Será ésta, además, la semana en la que se consumará el nuevo pulso entre la patronal Asaja y el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco. La intención de la Junta de transformar la cuenca del río Guadiamar en corredor verde como el mejor sistema para proteger Doñana, tras el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, se encontrará este martes con el correspondiente recurso de los agricultores que están dispuestos a iniciar un largo contencioso con la Administración andaluza. Es ahora cuando, quizá, deban escucharse también con más nitidez las voces de aquéllos que reclamaban a la Junta medidas rotundas para la recuperación de la zona, incluyéndose a los propios agricultores que vieron desde el primer momento en este percance una amenaza para la imagen exterior de nuestra producción hortofrutícola. Se espera, igualmente, respuesta de Madrid respecto a otro pleito marcado por el agravio comparativo. La luz verde dada al proyecto de Cataluña de suministrar heroína a toxicómanos, de forma experimental, abre de nuevo un frente de quejas en Andalucía, comunidad que fue pionera en presentar su propio proyecto. Si finalmente se confirma esta evidente discriminación, de nuevo serán los tribunales los que resuelvan. Por lo demás, la resaca de las encuestas da paso esta semana al último tramo de una campaña plagada de denuncias sobre procedimientos y usos de propaganda de unos y otros. El PP insistirá en reclamar la dimisión del director general de la RTVA, Eduardo Abellán, duro hueso de roer donde los haya. Mientras, el PSOE esperará la respuesta de la Junta Electoral sobre el uso que hace el alcalde de Córdoba, Rafael Merino, del vídeo pagado con fondos europeos. Queda también por ver qué consecuencias puede tener en sus expectativas de voto su imputación en unas diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y en este final de contienda se dispararán inevitablemente las cábalas sobre posibles pactos y acuerdos entre PSOE, PA e IU, para evitar que finalmente se repita el mismo escenario político, con ocho gaviotas instaladas en las distintas alcaldías de las capitales andaluzas. ANTONIO YÉLAMO