Alperi otorga una licencia de forma irregular a una empresa, según el PSPV. El presidente de la patronal de Alicante es consejero de la empresa que recibió la supuesta licencia irregular.

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, concedió el pasado miércoles de forma irregular una licencia de obra mayor a la mercantil Costanova, según ha denunciado el grupo socialista. El gobierno municipal autorizó la obra por la discutida vía del acto presunto, a través de un expediente plagado de anomalías. El PSPV reclama que se anule el acuerdo. La concesión de licencias de obras por acto presunto, figura legal a la que pueden acogerse los solicitantes de permisos cuando la administración local tarda más de dos meses en responder, es una práctica ya habitual en Alicante. Pero la otorgada el pasado miércoles "se ha realizado al margen de la ley", según el portavoz del grupo socialista, Javier Gutiérrez, quien ve en la decisión "un claro caso de favoritismo". La mercantil Costanova, SA, beneficiaria de la supuesta licencia irregular cuenta entre los miembros de su consejo de administración con el presidente de la patronal de Alicante, Joaquín Rocamora Ferri. La historia de esta licencia arrancó el pasado día 5 de febrero, cuando Costanova, SA, solicitó la misma para construir un edificio de viviendas y bajos comerciales en la Avenida de Aguilera. Veinte días después, el arqueólogo del Ayuntamiento advirtió al departamento municipal de Obras Particulares que la promotora debía presentar un informe geotécnico "ante la posibilidad de que existan niveles arqueológicos en el solar que se pretende edificar". La normativa municipal establece que el barrio de Benalúa, donde se encuentra la Avenida de Aguilera, es una de las zonas arqueológicas de la ciudad. Todos los proyectos para construir allí precisan del informe geotécnico. El día dos de marzo, Obras Particulares requirió a Costanova el citado informe y le concedió un plazo de 10 días para presentarlo. "De no hacerlo en el plazo indicado se le tendrá por desistido de su petición, procediéndose al archivo del expediente sin más trámite", reza el requerimiento. Costanova respondió 16 días después, el 18 de marzo. No sólo no presentó el informe, sino que reclamó al Ayuntamiento que le detallara la normativa legal en la que se ampara para exigírselo. Y más grave todavía: le pidió que le concediera la licencia "por haber transcurrido el plazo de silencio positivo", cuando, en este caso, la fecha de vencimiento para legitimar el acto presunto era el día 5 de abril. El 30 de marzo, Obras Particulares remitió el comunicado de Costanova al arqueólogo para que éste informara de la normativa legal que reclamaba la promotora. El documento llegó a manos del arqueólogo 24 horas después, pero no fue hasta el día 6 de abril, un día después de que expirara el plazo de dos meses, cuando éste informó de que la Ley obliga a presentar el referido estudio geotécnico. El único argumento del gobierno local ante la irregular tramitación del expediente es que el arqueólogo actuó "fuera de plazo". El grupo socialista considera que en el expediente hay, al menos, tres irregularidades claras. Entre ellas, el requerimiento de 10 días que el Ayuntamiento hizo a la promotora para que ésta presentara el estudio ya aborta el plazo de dos meses del acto presunto y también el hecho de que Costanova solicitara el silencio positivo antes de que éste se produjera es, para los socialistas, motivo de revocación del permiso.