El PSOE elabora un código ético que impide a sus cargos tener negocios

Levantar un muro infranqueable entre lo privado y lo público. Ésa es la estrategia que han diseñado los socialistas madrileños para evitar que, entre sus cargos electos, se puedan repetir casos como el del concejal de Obras, Enrique Villoria (PP), que simultaneó durante cinco años su actividad pública con sus negocios privados sin que ninguno de sus compañeros en el Ayuntamiento lo supiera. Hasta que dimitió al conocerse su doble actividad.La ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña, que dirige como secretario general Jaime Lissavetzky, presentará en abril ante el comité regional una normativa, de obligado cumplimiento, sobre las incompatibilidades de los cargos del partido en las instituciones locales y regionales de Madrid. Al menos, así se decidió en el último comité regional del pasado jueves.

Los colaboradores de Lissavetzky han preparado una normativa muy estricta que endurece el régimen de incompatibilidades y obliga a los cargos electos socialistas a abandonar sus negocios privados si quieren continuar en el frente político y público.

A diferencia del PP, que elaboró un código ético de sus candidatos que no impedía crear y explotar negocios privados durante el desempeño de un cargo público (por eso Villoria no incumplió ninguna norma interna de su partido al abrir su negocio de distribución de alimentos), el PSOE quiere prohibir las actividades privadas a aquellos cargos públicos dedicados en exclusiva a sus tareas políticas y con un sueldo de la Administración.

El primer borrador que ha redactado el equipo de Lissavetky establece que no podrán ser candidatos ni desempeñar cargos electos aquellas personas que desarrollen actividades privadas o de carácter profesional por cuenta propia o a cargo de alguna empresa que tenga relación con el sector público regional o local.

Alta dirección

Tampoco podrán ser candidatos socialistas aquellos que ejerzan funciones de alta dirección mercantil o que posean acciones en capitales de empresas o sociedades concesionarias de servicios públicos, contratistas o arrendatarias de monopolios.El reglamento que prepara la FSM permitirá a los candidatos vender, en un plazo determinado, sus participaciones en empresas privadas para poder desempeñar su cargo público.

Las incompatibilidades, según el primer borrador, llegan hasta los cargos públicos, de manera que una misma persona no pueda simultanear dos cargos a la vez. Si esta cláusula se aprueba, Cristina Narbona y Matilde Fernández no podrían simultanear su escaño de diputadas nacionales con su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Todos los cargos electos remunerados y con dedicación exclusiva no podrán desempeñar otras actividades públicas o privadas remuneradas y no podrán ser designado para consejos de administración públicos o privados.