Cinco ex dirigentes de la patronal, imputados por un supuesto fraude en los cursos de formación. El fiscal anticorrupción extiende la imputación por las irregularidades a la CEV y Cepymev
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia citará a cinco antiguos cargos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederación Empresarial Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev) como imputados por un supuesto delito contra la hacienda pública. El ex presidente y ex secretario general de la CEV entre 1993 y 1995, José María Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa, y sus homólogos durante ese periodo en Cepymev, explicarán las posibles irregularidades cometidas en el uso de subvenciones para la formación de trabajadores.
Los ex responsables de dos de las organizaciones empresariales valencianas, la CEV y Cepymev, declararán en las próximas semanas por las supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos, procedentes tanto de la Administración central como de la Generalitat Valenciana, destinados en principio a financiar la formación de cientos de trabajadores. Concretamente, el juez imputa a los antiguos responsables de la patronal la obtención de ayudas o subvenciones de las administraciones falseando las condiciones requeridas para su concesión. La imputación, garantía procesal que se otorga a los citados para que comparezcan en el juzgado asistidos por su abogado, ha sido impulsada por el representante de la Fiscalía Anticorrupción encargado de investigar el caso, Vicente González. El representante del ministerio público intenta aclarar si, tal como denunció el Tribunal de Cuentas en un reciente informe, las patronales duplicaron o inventaron facturas, hincharon el coste o cobraron cursos de formación inexistentes. Este tribunal ha reclamado a la CEV la devolución de 191 millones de pesetas. La Generalitat, una vez finalizado el expediente administrativo abierto en ese sentido, ha exigido a la organización empresarial 308 millones de pesetas cuyo gasto está deficiente o indebidamente justificado. El dictamen de la Consejería de Trabajo ha llegado casi cuatro años después de que las autoridades autonómicas, en abril de 1995, iniciaran la investigación administrativa de las supuestas irregularidades. Según fuentes judiciales, uno de los imputados es Luis Espinosa, secretario general de la AECI, un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El ex secretario general de la CEV, actualmente en Filipinas por motivos relacionados con su cargo, será citado en cuanto sea localizado. El resto de imputados son los ex presidentes de la CEV y Cepymev José María Jiménez de Laiglesia y Césareo Fernández, y el homólogo de Espinosa en esta última organización, Francisco Jesús López. Todos ellos han abandonado esos cargos, que ejercieron entre 1993 y 1995, el periodo en el que supuestamente sucedieron los hechos investigados. La identidad del quinto imputado no ha sido concretada. El fiscal anticorrupción y el juez encargados de investigar el escándalo que salpica a las patronales de Valencia han decidido imputar, además de a los cinco ex dirigentes de CEV y Cepymev, a las dos organizaciones como tales. Esta iniciativa legal, que en principio no presupone culpabilidad alguna, sino que simplemente pretende garantizar el derecho a la defensa jurídica de los imputados, persigue un doble objetivo. Por una parte, pretende asegurar que ninguno de los actuales mandatarios de ambas instituciones tiene responsabilidad alguna en las supuestas irregularidades investigadas, que se pudieron cometer, entre los años 1993 y 1995, cuando sus actuales dirigentes eran ajenos a la organización. Por otra, garantizar que dos entes que podrían tener alguna responsabilidad civil subsidiaria en el caso -podrían verse obligadas a afrontar alguna indemnización tras una hipotética condena- están personados en el procedimiento judicial abierto desde su inicio. CEV y Cepymev, a pesar de su condición de personas jurídicas -éstas, por razones obvias,no pueden ingresar en prisión tras un procedimiento de carácter penal- soportan la misma imputación que cinco de sus ex dirigentes: la de la supuesta comisión de un delito contra la hacienda pública. Cuatro años de cárcel Concretamente, el instructor del caso cree que podrían haber violado el artículo 308 del actual Código Penal (350 del antiguo), que establece penas de hasta cuatro años de prisión para los culpables de obtener una subvención de más de diez millones de pesetas "falseando las condiciones requeridas para su concesión". Los encargados de la investigación, cuya documentación principal consta ya de cerca de 1.300 folios, aún no manejan cifras concretas sobre el supuesto fraude investigado. El primer testigo en declarar en relación con el caso, que compareció ayer en el juzgado, no contribuyó a aclarar este extremo. Juan Aycar, director de la Fundación para la Formación Contínua (Forcem) entre 1993 y 1995, únicamente concretó el sistema de reparto de fondos que utilizó durante su estancia en la entidad, una institución compuesta por patronales y sindicatos y dedicada al reparto de los fondos concedidos por la Administración para la formación de los trabajadores. El resto de preguntas formuladas por el fiscal anticorrupción durante más de una hora fueron contestadas de manera lacónica. Aycar aseguró no tener constancia o conocimiento de la existencia de facturas duplicadas, inventadas o hinchadas. El ex presidente de la CEV José María Jiménez de Laiglesia acudirá al juzgado el próximo 19 de abril. Él lo hará en calidad de imputado y, por tanto, asistido por su abogado, Javier Boix. Cuatro años de trabajo Las primeras iniciativas judiciales de relevancia tomadas en relación con las supuestas irregularidades en el uso de los fondos de formación llegan casi cuatro años después del estallido del escándalo. En abril de 1995, aún con el PSOE en el gobierno de la Generalitat, la Consejería de Trabajo inició una investigación de carácter administrativo: sus servicios de inspección habían descubierto un posible mal uso de las subvenciones públicas. Desde entonces, tres juzgados, otros tantos fiscales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y, próximamente, el Congreso de los Diputados, han investigado o investigan el posible destino irregular de, presumiblemente, cientos de millones de pesetas procedentes del erario público. Aún así, y según fuentes cercanas al caso, la instrucción de éste no ha hecho sino comenzar.
