El colapso en la sala de lo contencioso del TSJ crece pese a los refuerzos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana -la encargada de resolver los pleitos que enfrentan a la sociedad civil con la Administración- sigue colapsada. Así lo pone de relieve la memoria de 1998 coordinada por el presidente en funciones del TSJ, José Díaz Delgado, y así lo constata la fría estadística contenida en ese documento: si la sección administrativa del alto tribunal valenciano cerró 1997 con 22.182 casos por resolver, en 1998 esta cifra aumentó hasta los 24.574 casos. Un 10% más. En tan sólo seis años, entre 1992 y 1998, los asuntos por resolver en esta jurisdicción se han incrementado en un 165,8%. Este preocupante aumento se produce pese a que durante el pasado año, tal como subraya Díaz Delgado, se alcanzó "la cifra más elevada de asuntos resueltos por la sala", 8.778, y unos "500 por magistrado". En definitiva, el aumento de la eficiencia de la sección contencioso-administrativa, aunque en parte ha "de atribuirse al servicio de apoyo " también "evidencia que la productividad de la sala ha llegado a un límite". El presidente en funciones del TSJ valenciano no ahorra adjetivos. Para Díaz Delgado, la "situación es particularmente grave", y ni la reciente creación de dos juzgados unipersonales en este área, ni el refuerzo de personal de que ha disfrutado permiten, de momento, enmendarlo. De hecho, los cálculos del alto tribunal valenciano cifran en 51 el número de magistrados necesarios para desatascar la sala. Actualmente, hay 18 jueces adscritos a esa instancia con carácter permanente, un número a todas luces insuficiente. Propuestas de los jueces Los redactores de la memoria del TSJ sugieren una batería de medidas, largamente reivindicadas, que suavizaría la eternización de los pleitos entre ciudadanos y administraciones: ampliar las competencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, aumentar el número de magistrados en al menos cinco, crear una nueva plaza de secretario, un nuevo juzgado y dotar a la sección con 15 funcionarios más. Estas propuestas podrían acabar con el "defícit acumulado" en menos "de cuatro años". Ejercicio tras ejercicio, memoria tras memoria, las peticiones de la judicatura no son atendidas por el Ministerio de Justicia, que aún conserva parcialmente las competencias en materia de personal y en creación de nuevos órganos. Por contra, y a diferencia del año pasado, los jueces consideran "muy positiva" la labor de la Subsecretaría de Justicia de la Generalitat. En esa línea, apuntan que los nuevos juzgados unipersonales están suponiendo un descenso en el número de casos registrados en el TSJ de un 47,6%. La nueva situación, que permite contemplar con cierto optimismo la situación, podría resolver el grueso del atasco en siete años. El TSJ también demanda reformas y mejoras de todo tipo en la Sala de lo Social del TSJ, que acabó 1998 con 10.334 asuntos por resolver. En 1997 los casos pendientes fueron menos, 9.806. "La actual plantilla no puede absorber la entrada anual" de asuntos, apunta Díaz Delgado. Los magistrados de este departamento resuelven una media de 300 asuntos por año, ligeramente superior al módulo -cifra media- exigible según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la judicatura. Precisamente, desde ayer, y con la oficialización de la jubilación del anterior presidente, Juan José Marí, los magistrados que aspiren a la presidencia del TSJ pueden presentar sus candidaturas ante el CGPJ. Este órgano, compuesto por juristas nombrados a propuesta de los partidos con representación parlamentaria, elegirá al sucesor de Marí entre una terna de magistrados.
