Pekín desafía por primera vez la independencia de los tribunales de Hong Kong

En un paso sin precedentes desde la reintegración a China de la antigua colonia británica de Hong Kong, en julio de 1997, las autoridades de Pekín cuestionaron ayer la independencia de los tribunales del territorio, que acaban de autorizar la inmigración masiva de miles de niños chinos que son hijos de padres residentes en la Región Administrativa Especial. "Esa decisión es errónea y debe ser cambiada", advirtió en Pekín Zhao Quizheng, director de la Oficina de Información del Consejo del Estado.

El propio Quizheng afirmó que la sentencia del Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Hong Kong, dictada a finales del mes pasado, "es contraria a la Ley Básica", la Constitución aprobada por China para el antiguo territorio colonial. El tribunal, que imparte justicia según la tradición judicial británica, otorgó a 19 niños chinos nacidos de relaciones extraconyugales de residentes en Hong Kong el derecho a vivir en el territorio. Este fallo sienta un importante precedente judicial para otros miles de niños. En los últimos 20 años, muchos hombres de negocios hongkoneses han formado con una concubina una segunda familia en China, donde también han realizado inversiones financieras. La base jurídica de esta sentencia es la propia Constitución de Hong Kong, elaborada en 1990, que en su artículo 24º estipula que "las personas de nacionalidad china nacidas fuera de Hong Kong" pueden solicitar la residencia en el territorio si uno de los padres reside en él.

Pero apenas 10 días después del fin de la administración británica, el nuevo Gobierno de Hong Kong dictó nuevas condiciones para limitar la entrada masiva de niños procedentes de China: que uno de los padres debía tener la residencia cuando nació el niño y que los inmigrantes contasen con un documento expedido por las autoridades chinas que certificase que cumplían todos los requisitos.

Algunos padres no dudaron entonces en recurrir judicialmente contra el Ejecutivo para pedir que se declarase la inconstitucionalidad de las nuevas condiciones.

Un año y medio después, el Tribunal de Casación de Hong Kong les ha dado la razón: cualquier niño de nacionalidad china, sea hijo legítimo o natural, tiene el derecho constitucional de vivir en la Región Administrativa Especial si uno de sus padres es residente en ella. Y no importa si tenía o no la residencia en el momento del nacimiento de su hijo.

Hoy por hoy, al menos 13.000 niños que viven en China ya disponen del documento exigido para viajar inmediatamente a Hong Kong, y centenares de padres impacientes hacen cola ante las puertas de las oficinas de inmigración.

El Gobierno local, sorprendido por el fallo judicial, se ha visto obligado a crear una unidad especial, dedicada a evitar un posible caos en los colegios y en la casi totalidad de los servicios sociales con la llegada de una oleada de niños chinos.

"El número [de niños chinos con derecho a residir en Hong Kong] tiene que ser enorme", advierte Ambrose Lee, director de Inmigración en la Región Administrativa Especial. Muchos hongkoneses tienen una "segunda mujer" en China, según reconoce Lee. El análisis genético será probablemente uno de los métodos para comprobar supuestos lazos de parentesco. Las madres chinas, sin embargo, no tendrán el derecho de acompañar a sus hijos.

Parlamento chino

La sentencia había sido recibida en Hong Kong con gran alivio, ya que marcaba el futuro constitucional de la zona al confirmar la autonomía de la justicia frente al Gobierno local y al haberse pronunciado, además, sin consulta previa a Pekín, cuyo Parlamento es la única instancia que tiene derecho a interpretar la Constitución del territorio. Pero las críticas de las autoridades de Pekín han sembrado la inquietud entre los dirigentes de la oposición democrática. Una de sus portavoces, Emily Lau, aseguró ayer que se trataba "de la más seria crisis desde el traspaso de la soberanía".

Fuentes de la Administración china han asegurado que las objeciones a la sentencia sobre inmigración no son de tinte político, sino que reflejan la preocupación de Pekín por un súbito incremento de la inmigración en plena crisis económica de Hong Kong.