Mujeres de 100 cabos del Ejército se movilizan para evitar que vayan al paro

Las mujeres de un centenar de cabos primeros andaluces se están movilizando para modificar el proyecto de ley de Personal de las Fuerzas Armadas y evitar que sus parejas vayan el paro. El texto legal prevé la extinción de la relación laboral con el Ejercito de los cabos de la categoría de Tropa y Marinería profesionales que tengan más de 35 años de edad o hayan superado los 12 años de servicio. Estos soldados están luchando, directa e indirectamente, en tribunales y en el Congreso para lograr que la profesionalización del Ejército les lleve a ser trabajadores fijos o funcionarios civiles de Defensa.

Cerca de 1.500 cabos primeros, de los que 300 son andaluces, se preguntan, tal y como refleja el abogado de 40 de ellos, Miguel Ángel Martínez: "Si el Ejercito se profesionaliza, ¿Por qué no aprovecha, sobre todo en el periodo transitorio, a quienes ya son profesionales del Ejército?". Estos militares, en la mayoría de los casos, se han ido reenganchando cada dos años, pero siempre manteniendo "una relación no permanente con el Ejército". El proyecto de ley los deja "automáticamente" en la calle, aunque ya se ha acordado una prórroga, "que no soluciona nada, sino que demora un poco el problema", según Martínez. Por ello, las mujeres de los cabos (ellos no pueden por el tipo de empresa en la que trabajan) han enviado a todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Defensa del Congreso el texto de una disposición adicional para que los cabos de más de 35 años o 12 años de servicio pasen a tener "una relación permanente" con el Ejército, con un régimen propio de ascensos, tal y como ha ocurrido con anterioridad con otras categorías militares (los chaquetas de Marina, por ejemplo). El propio José Borrell, candidato a la presidencia del Gobierno del PSOE, les ha contestado por carta que su grupo parlamentario está estudiando el asunto "para presentar las enmiendas oportunas que impidan la lesión de sus derechos". Un grupo de 40 afectados está solicitando ya su permanencia y, además, ha llevado su caso a la vía contencioso-administrativa para que, si les deniegan su permanencia, sean los tribunales los que decidan.