Ruiz-Gallardón bloquea nueve investigaciones de la Fiscalía

Madrid - 22 ene 1999 - 00:00CET

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se ha negado a facilitar a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid diversos informes relacionados con nueve operaciones urbanísticas. La documentación que reclama desde hace meses el fiscal Emilio Valerio se refiere a diligencias informativas y de investigación abiertas a raíz de distintas denuncias, entre ellas, una del portavoz socialista, Juan Barranco, contra el gobierno de José María Álvarez del Manzano.El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja (PP), no sólo se ha negado a facilitar los informes requeridos, sino que el 17 de noviembre pasado remitió un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que éste le indique "si procede" o no enviar a Valerio la información solicitada.

Cuatro días antes de que Mayor Oreja enviara el escrito a Cardenal, el Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite una querella de la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, contra el fiscal Emilio Valerio por "denuncia falsa". Enseñat acusa a Valerio de haber tergiversado documentos oficiales para encausarla por autorizar unas supuestas obras ilegales.

Los informes y documentos bloqueados por la Comunidad guardan las claves de diversas recalificaciones de terrenos. Entre ellas destacan dos operaciones urbanísticas en San Fernando de Henares y Pozuelo de Alarcón, y la cesión al Ayuntamiento de Madrid de una parcela propiedad de Alberto Cortina y Alberto Alcocer para construir un vertedero de escombros dentro de los límites del Parque Regional del Jarama. También ha preguntado el fiscal sobre la situación urbanística de unos chalés autorizados en unos terrenos de Hoyo de Manzanares, dentro del Parque Regional del Manzanares.

El consejero Mayor Oreja explicó ayer su negativa a entregar los informes: "Ante las dudas de si el fiscal de Medio Ambiente actuaba dentro de sus competencias reclamando todo tipo de informes, la mayoría informativos, simplemente hemos consultado al fiscal general sobre la conveniencia de responder al enorme volumen de documentación que nos piden".

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Guarramillas

El fiscal general lleva dos meses estudiando si el Gobierno regional puede negar información

El enfrentamiento entre la Fiscalía de Madrid y el Gobierno regional no es nueva. Se inicia, al menos oficialmente, a finales de junio pasado, cuando la asociación ecologista Aedenat denunció ante el fiscal Emilio Valerio que la Consejería de Medio Ambiente había autorizado unas obras -en concreto, la construcción de un refugio- en una zona de máxima protección del Parque Regional del Manzanares, en el alto de Guarramillas. Valerio envió al Seprona de la Guardia Civil al lugar para comprobar los hechos denunciados y, el 9 de julio, presentó una denuncia ante un juzgado de Colmenar Viejo contra la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, entre otras personas relacionadas con la obra, por haber autorizado la construcción de un edificio en un paraje protegido.El juzgado de Colmenar archivó la denuncia a mediados de agosto basándose en que la construcción se hallaba ocho metros y medio fuera de los límites del parque natural. Pero la Fiscalía de Madrid no se rindió y presentó recurso de reforma ante el juzgado. Sin embargo, éste también fue archivado. Entre otras causas, según explicó el juzgado, porque Enseñat no había autorizado las obras, tal y como denunciaba la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. Lo único que había aprobado la consejería eran una medidas correctoras para evitar que las obras dañasen el entorno.

Con estas premisas, la viceconsejera se querelló contra Valerio por una supuesta denuncia falsa. Le acusó de haber tergiversado el informe de la Guardia Civil, porque en él no se señalaba que ella hubiera autorizado las obras, sino todo lo contrario: las obras "no contaban con la correspondiente autorización", según explicó la viceconsejera.

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