El Gobierno quiere hablar directamente con ETA al ver que HB rechaza su representación

El Gobierno quiere mantener un contacto directo con ETA, pese a la persistencia del terrorismo de baja intensidad, antes de las elecciones municipales de junio, para conocer las intenciones de la banda sobre su cese definitivo y sus reclamaciones. Esta decisión del Ejecutivo es firme en la medida que los representantes de Herri Batasuna (HB), en sus mensajes al Gobierno, han manifestado que no representan a ETA. Asimismo, el Ejecutivo, que pretende dar pasos ambiciosos en la flexibilización de su política penitenciaria, la ve frenada precisamente por la intensificación de los actos terroristas.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se quejó el pasado martes, en una comparecencia pública en La Moncloa junto al primer ministro griego, Costas Simitis, de que ETA aún no haya designado interlocutores para hablar con los representantes del Ejecutivo cuando ya se han cumplido cuatro meses de la declaración de tregua indefinida por parte de la banda armada. El significado de la queja de Aznar respondía a una firme decisión del equipo de seguimiento de la tregua que encabeza el propio presidente.Los mensajes que HB ha enviado al Gobierno durante estas semanas de contactos son los mismos que dirigió al PNV cuando en enero de 1998 comenzaron las conversaciones entre los partidos nacionalistas que dieron lugar al Pacto de Lizarra: la coalición radical nacionalista asegura que no representa a ETA. Los representantes de HB han manifestado al Gobierno que ETA es su único interlocutor para todo lo relacionado con el final definitivo de la violencia y la situación de los presos de la banda terrorista. En esas condiciones, el propio presidente lanzó el martes el mensaje de la intención de su Gobierno de hablar directamente con ETA.

El Ejecutivo tiene, además, interés en que este contacto se produzca antes de las elecciones municipales del próximo 13 de junio porque cree que en ese momento puede producirse una inflexión en el incipiente proceso de pacificación. Será el momento, según el análisis del Gobierno, en que ETA hará un balance del proceso político iniciado con la declaración de tregua el 16 de septiembre del pasado año.

Para ese momento, el Gobierno quiere conocer directamente cuáles son las pretensiones de ETA y transmitirle, asimismo, sus propuestas. El mantenimiento del llamado terrorismo de baja intensidad por parte de grupos del entorno etarra no será óbice para que el Ejecutivo acuda a esos contactos. El propio Aznar manifestó el martes que su propuesta del pasado tres de noviembre, cuando anunció su autorización para hablar con el entorno de la banda, sigue vigente.

El llamado terrorismo de baja intensidad es, en estos momentos, según el análisis oficial, el principal obstáculo para que el proceso de paz salga del punto muerto en que se encuentra. El debate abierto en el seno del Ejecutivo, a comienzos de diciembre, sobre la conveniencia de adoptar medidas más ambiciosas en el terreno de la política penitenciaria, con un acercamiento masivo de presos etarras a las cárceles vascas, ha quedado abortado. Las encuestas de que dispone el Gobierno coinciden en que un alto porcentaje de vascos cree conveniente una flexibilización de la política penitenciaria, entendida como acercamiento de presos a las cárceles de Euskadi. Esto es, "medidas reversibles" que el Gobierno podría reconsiderar si el proceso de paz se torciese. Las mismas encuestas arrojan opiniones más severas de los vascos sobre "medidas irreversibles" tales como la excarcelación de presos.

El Gobierno no cree procedente reabrir ahora este debate que se zanjó provisionalmente el pasado 18 de diciembre, con un criterio no numérico sino geográfico: el traslado de 21 presos etarras a la Península desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y que fue acogido muy críticamente por todos los partidos nacionalistas como insuficiente. La cadena de actos vandálicos de los últimos fines de semana -este mismo, grupos violentos han quemado las oficinas de la Seguridad Social en Getxo (Vizcaya), y de Correos en Renteria (Guipúzcoa)- bloquea cualquier intento de algunos sectores del Gobierno de reeditar este debate. Estos sectores creen que un acercamiento masivo de presos, con una drástica caída del llamado terrorismo de baja intensidad, reconciliaría al Gobierno con algunos núcleos de opinión del País Vasco, ahora alejados por su política penitenciaria.

Pero el mantenimiento de la violencia callejera ha endurecido las posiciones del Ejecutivo. El rechazo de la clasificación en tercer grado penitenciario [la semilibertad] de la anterior Mesa Nacional de HB es la última muestra de ello. El propio Aznar fue muy expresivo el martes cuando responsabilizó públicamente de dicho bloqueo a quienes alientan la violencia y la practican. "Perjudican a los presos de ETA", dijo.

El presidente recordó que una de las bases del proceso abierto por parte del Gobierno es acompasar la política penitenciaria a los avances en la paz realizados desde la otra parte.