Los firmantes de la Declaración de Gelida contra los peajes discuten la cancelación de cuentas en La Caixa

Los ayuntamientos y entidades firmantes de la Declaración de Gelida, que agrupa la plataforma de oposición a los peajes de las autopistas catalanas, decidirán en el próximo plenario de la primera quincena de enero si retiran las cuentas que sus administraciones mantienen con La Caixa, principal accionista de la concesionaria ACESA. La alcaldesa de Mollet, Montserrat Tura, explicó que la propuesta se acordó el pasado miércoles en la comisión permanente de la Declaración de Gelida, con el desacuerdo de la Asociación Catalana de Municipios, siguiendo la iniciativa que ya tomó de forma unilateral el Ayuntamiento de Vallirana, cuyo alcalde pertenece a Unió Democrática. La decisión implicaría no sólo la cancelación de las cuentas que tuvieran en La Caixa buena parte de los ayuntamientos más importantes de Cataluña, sino que también se instaría a los ciudadanos para que actuasen en el mismo sentido. Tura señaló que, al margen de las conversaciones que actualmente se mantienen con la empresa, es necesario emprender nuevas acciones si este diálogo no fructifica en una mejora de la situación. Por este motivo, también se llevará al plenario de la Declaración de Gelida la posibilidad de promover una iniciativa legislativa popular que permita modificar la ley de 1972 en materia de autopistas o que Cataluña se dote de una ley de autopistas propia. En la última reunión de la comisión permanente de la Declaración de Gelida también se denunció una supuesta imposición de ACESA para impedir la existencia de un acceso directo y gratuito entre la autopista del Baix Llobregat y la B-30. "ACESA, durante muchos años, se ha permitido el lujo no sólo de ganar mucho con la gestión de un servicio público como son las autopistas, sino de aplicar una determinada política basada en impedir que se construyan infraestructuras que le supongan competencia", señaló la alcaldesa de Mollet. Las negociaciones entre los miembros de la Declaración de Gelida y ACESA tienen un tercer componente: el Gobierno central, en el caso de la A-7, que afecta directamente a los municipios de Martorell, Gelida y Sant Sadurní; y el Gobierno catalán, en lo referente al peaje de la A-17 y su salida en Mollet del Vallès. En ambos casos, la concesionaria ha supeditado los acuerdos a lo que pueden decidir los Gobiernos en nombre de los cuales ejerce la concesión. En el caso de Mollet, el Gobierno catalán ha remitido el asunto a la comisión parlamentaria que estudia la situación global de los peajes. Este hecho ha sido interpretado como una maniobra dilatoria ante el problema por parte del Gobierno catalán.