Garzón procesa a 26 implicados en la trama financiera de ETA y eleva el caso al Supremo

El juez Baltasar Garzón procesó ayer a 26 implicados en el caso que instruye sobre la trama financiera de ETA-KAS y del que se dcrivó el cierre, en julio, del diario Egin. El juez de la Audiencia Nacional, que no ha procesado a José Antonio Etxeberria ni a Pablo Gorostiaga, elegidos parlamentarios vascos, ha decidido elevar la causa al Tribunal Supremo por considerar que la actividad delictiva afecta a varias comunidades auónomas. Garzón ha impuesto una fianza de 700 millones a 13 de los procesados para hacer frente a las responsabilidades civiles que se deriven.

Baltasar Garzón ha declarado además expresamente "la ilicitud de la alegal Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS)" por considerar que es "parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza (ETA-KAS)".El juez afirma que ETA es uno de los ejemplos más genuinos de lo que es una organización delictiva compleja que se desarrolla a través de diversos frentes (militar, institucional, de masas...). La configuración actual de la banda terrorista no puede ser reducida a la conceptuación de mera organización armada, sino que ha creado un movimiento político que da sentido a sus postulados.

También señala que en el vértice de ese entramado que recibe el nombre de Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) se sitúan ETA y KAS, "en una situación de codirección subordinada de ésta a aquélla dentro de la misma organización terrorista".

Garzón ha procesado por los supuestos delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, allegamiento de fondos a organización terrorista y alzamiento de bienes a 26 presuntos implicados, entre los que figuran los miembros de los consejos de administración de las empresas del grupo Orain-Egin: Orain, Ardatza, Hernani Inprimategia, Erigane y Lema 2000. Entre ellos están Ramón Uranga, Javier Alegría, los hermanos Isidro y Francisco Murga, el abogado Carlos Trenor y el que fuera alcalde de Bergara (Guipúzcoa) José Luis Elkoro. También ha sido procesado el director del propio diario Egin, Javier Salutregi, al que ha dejado en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas.

El auto confirma la prisión incondicional de diez de los procesados e impone fianzas de cuantías entre los cinco y los 25 millones de pesetas a otros seis acusados para quedar en libertad provisional. También ha fijado una fianza de 700 millones de pesetas para 13 de los procesados a fin de hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se deriven.

El magistrado no se ha pronunciado todavía sobre la situación de Elkoro, que cumple una pena de siete años de prisión por colaboración con banda armada impuesta por el Tribunal Supremo a toda la Mesa Nacional de Herri Batasuna por la emisión de un vídeo de ETA durante la campaña electoral de los últimos comicios generales.

Garzón mantiene en prisión a Etxeberria y Gorostiaga, elegidos diputados vascos en las listas de Euskal Herritarrok (EH) por Guipúzcoa y Álava, respectivamente, aunque no les procesa. También señala que existen indicios para procesar a ambos por integración en la organización terrorista ETA-KAS y por alzamiento de bienes, pero que no lo hace por imperativo del estatuto de autonomía del País Vasco.

Efectivamente, en el artículo 26 del Estatuto de Gernika se establece, entre otras cuestiones, que los parlamentarios vascos no pueden ser procesados durante su mandato más que por el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o por el Supremo.

Traspasar las fronteras

El auto de procesamiento señala que la práctica totalidad de las acciones (delitos) se han realizado como miembros de los consejos de administración de las empresas. En el caso de los aforados, las del grupo Orain-Egin, que "han desarrollado su actividad social como empresas de ETA-KAS, incluidos en el denominado proyecto Udaletxe (...) no sólo dentro del límite territorial del País Vasco, sino también en Navarra y Madrid". Así, se menciona que Erigane tiene su sede en Navarra y que además es la sede de Egin y que Orain tiene sedes en Bayona (Francia) y Madrid."Parece lógico considerar", dice el auto, "que la presunta actividad delictiva ha traspasado las fronteras de la comunidad autónoma" vasca y por ello el caso debe elevarse al Tribunal Supremo y no al Superior de Justicia del País Vasco.

El auto describe la subordinación de las empresas al proyecto diseñado por la banda terrorista ETA.