IC recurre contra la prolongación de las concesiones de autopistas y propone un impuesto sobre sus beneficios

Los decretos que prolongan la concesión de las autopistas a ACESA a cambio de rebajas en algunos peajes son ilegales y "afectan gravemente al interés general", afirman los recursos presentados por Iniciativa per Catalunya contra los mismos. Los decretos son dos: el primero fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de octubre; el segundo apareció en el Diari Oficial de la Generalitat en la misma fecha. Esto es así dado que se trata de dos acuerdos: uno entre la concesionaria y el Ministerio de Fomento y otro de la empresa con el Gobierno catalán. Ambos recursos presentan el mismo tipo de argumentación, pero tienen que ser presentados por duplicado al tratarse de dos disposiciones diferentes. La argumentación contra el pacto se basa en que se procede a una modificación de la concesión que "incide gravemente en el interés general, al vulnerar la actual regulación jurídica y concesional de autopistas", al tiempo que prolonga la concesión y garantiza "desmesurados beneficios al concesionario, lo que rompe el equilibrio económico-financiero de la citada concesión". Todo ello tiene como objetivo, dicen, "consolidar la falta de armonización tarifaria". Barcelona-Lleida, gratis La interposición de los recursos por IC es una continuación de la iniciativa parlamentaria adoptada hace unos días por Joan Saura, quien presentó en el Congreso una proposición no de ley en la que pedía la creación de una comisión sobre los peajes que incluye la aplicación de medidas transitorias inmediatas. Entre estas medidas se incluye, como primera providencia, la paralización del acuerdo con ACESA. También reclama la gratuidad provisional de diversos tramos: en la A-7, el de Altafulla-La Mora, mientras duren las obras del segundo cinturón de Tarragona en la N-340; en el peaje de Martorell, en la misma vía, hasta que esté lista la variante de Cervelló, y en el trayecto entre Barcelona y Lleida para mercancías, hasta que finalicen las obras de la N-II en el tramo Cervera-Igualada. El segundo aspecto de esta iniciativa fue anunciado ayer en Barcelona por el diputado de IC en el Parlament, Joan Boada: la creación de un impuesto especial sobre las concesionarias de autopistas con beneficios que sean excesivos. Los beneficios serán considerados excesivos cuando superen la media del sector, explicó Boada. El impuesto deberá afectar a todas las autopistas españolas y, posteriormente, su importe tendrá que ser cedido a las comunidades autónomas respectivas. Esta tasa tendría carácter finalistas. Es decir, lo que se recaudara por este concepto sólo podría ser destinado a la mejora de vías de comunicación. Boada insistió en que las tasas gravarían los beneficios después de ser impuestas para evitar que repercutan en el usuario.