La oposición dice que la sentencia del TSJ "es una bofetada" que "deja en evidencia" a Farnós
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Moreno, señaló ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula parte del decreto de retribuciones del personal sanitario es una "bofetada" contra el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, quien, en palabras del diputado de EU Alfred Botella, "ha quedado en evidencia ante los tribunales". Mientras el PSPV acusa al consejero de haber incluido el citado decreto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos "para burlar esta sentencia", Farnós insiste en que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando que los complementos específicos aprobados para los médicos tienen rango de ley.
"Teniendo cuatro avisos previos de suspensión cautelar, la Consejería de Sanidad no sólo no suspendió la aplicación de este decreto, sino que lo incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1997, aprovechando la mayoría parlamentaria, para burlar así la decisión última del TSJ", señaló Moreno, quien se mostró convencido de que el Gobierno valenciano "ha cometido fraude de ley para seguir cumpliendo su compromiso con los médicos", en referencia a los incrementos salariales que pusieron fin a la huelga de 1995. Moreno criticó que el decreto parcialmente anulado "permitía enmascaradamente a los facultativos trabajar en clínicas privadas unas mañanas al mes" y calificó la sentencia del TSJ de "bofetada hacia Farnós y hacia Zaplana". En este sentido, UGT redactó ayer un comunicado en el que solicita al presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que "ponga orden" en la Consejería de Sanidad. UGT, que recurrió por dos veces el polémico decreto de retribuciones del personal sanitario valenciano, sostiene que la consejería que dirige Farnós se ha convertido en el "hazmerreir" del Gobierno de Zaplana, por lo que le solicita que tome las medidas oportunas "contra los desaguisados que ha creado el consejero en algo más de tres años". El sindicato añade al contencioso sobre los complementos específicos de los médicos el brote de hepatitis C detectado en dos hospitales valencianos, "los problemas creados por el plan de choque contra las listas de espera en los centros privados" y "la falta de inversiones en los centros sanitarios públicos", lo que, a su juicio, pudiera tratarse de "un plan premeditado para desprestigiar a la sanidad pública y sus trabajadores, para llegar a la conclusión de que lo privado es mejor y más barato". Por su parte, el portavoz de temas sanitarios de EU-Els Verds, Alfred Botella, señaló que la sentencia del TSJ "muestra una vez más que la consejería ha quedado en evidencia ante los tribunales". En su opinión, "lejos de empecinarse en continuar beneficiando a una serie de médicos, Farnós tendría que rectificar y tratar de cumplir sus objetivos, que es hacer posible que la sanidad pública tenga cada vez más calidad y mejores profesionales, que además se dediquen exclusivamente al sector público". A golpe de pleito Mientras Botella se pregunta "cómo piensa retornar la consejería todo lo que ha pagado hasta ahora, que en definitiva es ilegal", UGT y CC OO advierten del peligro de colapso que se puede derivar de los numerosos recursos presentados ante los tribunales. "Podemos seguir pleiteando hasta la saciedad, pero hasta que no abramos el melón de la negociación, no solucionaremos los problemas de la sanidad", afirma la secretaria de la Federación de Sanidad de CC OO, Teresa Conca, quien sostiene que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos es un "cajón de sastre" en el que "cabe todo aquello que no se quiere negociar". A juicio de Conca, la citada ley no puede aplicarse para modificar normas, por lo que CC OO solicitó a los grupos parlamentarios que estudiasen su posible inconstitucionalidad. Una cuestión que exigiría al menos 50 firmas de diputados y que no ha prosperado. La sentencia del TSJ, que precisamente estima el recurso presentado por este sindicato contra el decreto de retibuciones del personal sanitario, sostiene que la cuantía fijada para los complementos específicos de los médicos supera el 30% de las retribuciones básicas (salario base y pagas extras), por lo que choca de plano con la Ley de Incompatibilidades, que dispone que "podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica". Mediante el citado decreto, la Consejería de Sanidad había ofrecido a los médicos sujetos a dedicación exclusiva (complemento B) renunciar a parte de su sueldo si querían trabajar en la sanidad privada (complemento C), a cambio de trabajar un máximo de seis tardes al mes si la Administración lo requería. También los médicos del complemento A podían acogerse al C y ganar más dinero a cambio de unas tardes de trabajo en el sistema público. Farnós ha sostenido siempre que así se lograba un mayor rendimiento de quirófanos y se permitía a los médicos hacer con su tiempo libre lo que quisieran, abrir una tienda o trabajar en la privada.
