El Defensor del Pueblo desestima una queja de IU contra el Gobierno por ocultar datos a la Cámara

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz no ha admitido a trámite la solicitud de amparo que presentó el portavoz de IU en la Cámara autonómica, Luis Carlos Rejón, por "ocultación y manipulación" de la información facilitada por el Gobierno al Parlamento sobre los contratos de la Junta a la empresa Austral, que IU vincula a la trama de Filesa. Aunque el motivo de la desestimación es puramente competencial -el Defensor alega que no está entre sus atribuciones arbitrar en el ámbito político-parlamentario-, la exposición de los razonamientos deja bien claro, una vez más, que los incumplimientos de los gobiernos con las cámaras legislativas sólo tienen sanción política y nunca jurídica.

Con la negativa del Defensor del Pueblo de tramitar la queja de IU, el llamado caso Austral -que la federación mantuvo en candelero durante varios meses- ha registrado un nuevo revés. El asunto no ha logrado tomar cuerpo ni por la vía de la demanda política, al denunciar una presunta red de financiación ilegal del PSOE, ni por el supuesto conflicto institucional, al plantear la indefensión de la Cámara frente al Ejecutivo. A principios de año, Luis Carlos Rejón acusó a la Junta de otorgar un "trato de favor" a Austral S. A. en la concesión de obras públicas durante diez años. El portavoz había pedido al Gobierno información detallada sobre los contratos a través del Parlamento. Cuando le llegó, con casi año y medio de retraso, no le satisfizo y declaró que los pormenores habían sido mutilidados para ocultar una trama parecida a la de Filesa. Según Rejón, Austral la integraban ex altos cargos de la Administración socialista y en la carta de presentación que la empresa enviaba a potenciales clientes figuraba Manuel Sánchez, cuñado de Carmen Romero, esposa de Felipe González. Sánchez era "el gancho", sostuvo Rejón. Austral, con apenas 40 millones de pesetas de activos en maquinaria, fue la adjudicataria de 14 contratos por valor de 2.700 millones en diez años. La mayoría de las obras las subcontrataba. Según el portavoz de IU, la empresa hizo obras ajenas a su especialización ferroviaria, desde carreteras hasta centros de salud, y se produjeron modificaciones presupuestarias, "que eran evidentes regalos". El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, rebatió la tesis del izquierdista y afirmó que no fue reformado ni uno sólo de los contratos, al tiempo que le reprendió por hacer imputaciones sin "una mínima prueba" e utilizar "el invento malicioso". Luis Carlos Rejón planteó entonces la indefensión del Parlamento por "ocultar y dilatar datos". El portavoz sumó la falta de los documentos que requería a los retrasos y parcas respuestas del Gobierno a las preguntas escritas de los diputados, que calificó de "burla sistemática", y se quejó, el 24 de marzo pasado, ante el Defensor del Pueblo, José Chamizo, al estimar que se trataba de un "gravísimo conflicto institucional". Naturaleza política La no admisión a trámite de su petición de amparo es un nuevo jarro de agua fría. En líneas generales, la Oficina del Defensor mantiene que la protesta de Rejón no tiene naturaleza jurídica, ya que está inserta en el conjunto de acciones de control que realiza la Cámara frente al Ejecutivo, reguladas por el Reglamento del Parlamento. Así lo establecen varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC): se trata del ámbito político-parlamentario, que excluye la fiscalización judicial y la del propio TC. Es decir, el derecho que reclama Rejón es protegible sólo políticamente y, por tanto, la sanción es también política, no jurídica. En cuanto al Defensor, su terreno se circunscribe a la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos a través de la supervisión de la actividad de la Administración autonómica, al margen de las relaciones Gobierno-Parlamento.