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EL ENCARCELAMIENTO DE BARRIONUEVO Y VERA

El Gobierno decidirá sobre los indultos cuando lo crea "oportuno" y según el cauce reglamentado

El Gobierno decidirá sobre los posibles indultos del ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado, Rafael Vera, cuando lo crea oportuno. El ministro portavoz, Josep Piqué, se remitió ayer a la "política reglamentada" que sigue el Gobierno en esta materia. Vera y Barrionuevo han anunciado que no pedirán el indulto porque se consideran inocentes, pero el Ejecutivo tiene la potestad de ejercitar el derecho de gracia por vía de oficio, algo que hace de forma habitual con los insumisos encarcelados.Por su parte, el coordinador general del PP, Ángel Acebes, negó ayer la responsabilidad que el PSOE atribuye a su partido y a su líder, José María Aznar, en el encarcelamiento de los dos ex altos cargos socialistas.

El Gobierno intenta soslayar oficialmente su responsabilidad ante un posible indulto para ambos ex altos cargos de Interior. Ayer, el ministro portavoz Josep Piqué repitió la doctrina oficial del Ejecutivo: "Yo suelo repetir que todos los viernes aceptamos y denegamos decenas de peticiones de indultos porque tienen que cumplir una serie de requisitos desde el punto de vista procedimental".Barrionuevo y Vera son los únicos procesados por el caso Marey que no han solicitado la medida de gracia, aunque sí lo hicieron a título particular un grupo de militantes socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Sin embargo, el Gobierno puede conceder el indulto por vía de oficio si el Ministerio de Justicia lo solicita al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que a su vez debe solicitar informes a varias instancias, entre ellas el Ministerio Fiscal, el centro penitenciario y la parte ofendida. El Gobierno ha utilizado este sistema en casos de especial trascendencia política, como el de los insumisos encarcelados.

La indefinición del Gobierno lleva a la conclusión de que decidirá el indulto cuando lo crea oportuno, según fuentes del PP. Un ministro admitió que aún no había una opinión formada en el Ejecutivo sobre la cuestión. Desde la oposición, se teme que el Gobierno haga un uso político del indulto.

Numerosos ministros expresaron ayer su opinión sobre el encarcelamiento de Barrionuevo y Vera. La excepción fue el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, que actuó como testigo en el juicio del caso Marey por su participación en una reunión con el abogado de José Amedo en el despacho de el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y que se destacó por su beligerancia en este caso al acusar directamente al ex presidente del Gobierno, Felipe González, como organizador de los GAL y pedir a los tribunales que siguieran la pauta de algunos medios de comunicación que tomaron partido a favor de la condena.

Los miembros del Gabinete Aznar, que manifestaron su pesar personal por el hecho de que un ex ministro sea encarcelado, solicitaron al PSOE que respetara la sentencia del Tribunal Supremo. "Como es natural nadie puede alegrarse de esta situación y desde luego yo personalmente, y en nombre del Gobierno, no lo hago sino que, al contrario, lo lamento", dijo ayer el ministro portavoz. La misma pauta siguieron los titulares de Economía, Rodrigo Rato; el de Trabajo, Javier Arenas, y el de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Este último dirigió un reproche a Felipe González por "no actuar como corresponde a su alta magistratura", en referencia a sus críticas al presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio.

El coordinador general del PP, Ángel Acebes, respondió ayer al comunicado del PSOE que responsabilizó al partido del Gobierno y a su presidente, José María Aznar, del encarcelamiento de Barrionuevo y Vera. El portavoz del PP trocó el estilo batallador de su partido en esta materia por un tono moderado. Pidió el respeto a las resoluciones de los tribunales e invocó la independencia judicial.

Dirigiéndose al PSOE y en réplica a su escrito, dijo: "Hemos sido objeto no sólo de provocaciones sino de insultos y descalificaciones, no sólo al PP sino también a la Justicia y el Gobierno, pero que nadie espere de nosotros insultos ni descalificaciones". Acebes calificó de "falsas" las acusaciones del PSOE y le pidió que en vez de "cometer torpezas, obsesiones y errores" presente "alternativas".

A lo largo del día de ayer se produjeron reacciones al encarcelamiento de Barrionuevo y Vera en todo el arco político:

Xabier Arzalluz (PNV). "Los hechos estaban probados, la sentencia se hizo firme y no había ningún motivo para que no se llevara a cabo". Agregó que la justicia ha sido "muy benevolente" con Barrionuevo y Vera, ya que no hay "ningún caso en que con 22 años de petición fiscal, con una serie de alegatos muy razonados por parte de la Fiscalía, hayan estado en libertad tanto tiempo".

José Antonio Ardanza. Tras considerar "normal" que se produzca el encarcelamiento, el lehendakari agregó: "Ha habido una sentencia, se han realizado las apelaciones correspondientes, se ha rectificado e ingresan en prisión.

Carlos Garaikoetxea (EA). "Hubiera sido una quiebra del Estado de derecho la impunidad de quienes han sido acusados, por sentencia, de crímenes de Estado".

Víctor Ríos (IU). El coordinador de Presidencia se centró en la reacción del PSOE: "Ha tomado un mal camino al no aceptar la independencia del Poder Judicial ni acatar de verdad la sentencia.

Nueva Izquierda. la Comisión Ejecutiva del PDNI manifestó en un comunicado su "respeto y acatamiento" a la decisión del Supremo de ejecutar la sentencia, sin que esto suponga "negar el derecho a discrepar" de sus decisiones.

Pere Esteve (CDC). Tras "lamentar" que un ex ministro deba ir a prisión, hizo un "llamamiento para que no continúe el debate político en torno a los procesos judiciales porque no ha sido positivo".

Josep Antoni Duran Lleida (UDC). El líder de Unió consideró "patético" que "en España estemos encerrados en el pasado más negro de nuestra historia democrática" y criticó la actitud del PSOE ante la ejecución de la sentencia.

Enriqueta Benito (UA). La vicesecretaria general de Unidad Alavesa manifestó el respeto de su partido a la decisión del Supremo y se mostró partidaria de "dar carpetazo a esta página negra".

Alfredo Suárez Canal (BNG). El diputado nacionalista gallego respaldó "las actuaciones encaminadas a aclarar todos los extremos relacionados con los GAL".

Josep Lluís Carod Rovira (ERC). El portavoz independentista catalán dijo que "ha llegado la hora de cerrar las puertas del pasado con una ley de punto final que ofrezca una salida legal definitiva para quienes han usado la violencia tanto en contra del Estado como por parte del aparato del Estado" y abogó por crear una "comisión de la verdad para acabar con las violencias de la transición".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de septiembre de 1998

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