Condenados a diez años de cárcel los ex cabecillas de la red de ETA en Bretaña
Tres etarras fueron condenados ayer en París a 10 años de cárcel mientras que otros siete lo eran a penas inferiores. Los tres que se han hecho acreedores a la máxima condena posible por el delito de "asociación de malhechores para preparar un acto terrorista" son Fermín Sánchez Aguruza, de 34 años, Álvaro Arri Pascual, de 28 y que pertenecía al llamado comando Madrid, y Juan María Insausti Múgica, alias Karpov, de 29. A éste se le atribuye el trabajo de formación de los comandos en el manejo de armas y explosivos.
El tribunal de la sala 13, presidido por la magistrada Claude Linais, ha dado pues como buenos los argumentos de la acusación, que había solicitado la condena dictada contra los miembros de esta red de apoyo logístico de la banda terrorista ETA en la región francesa de Bretaña.En el caso de José Naveiro Gómez, alias Gabarra, y Jokin Zubieta Valencia, de 38 y 29 años respectivamente, no todos los delitos se han considerado probados y las penas han sido a nueve y ocho años de prisión, en vez de los 10 que había reclamado la fiscal Irene Stoller. A todos los etarras se les prohíbe definitivamente residir en Francia una vez hayan cumplido condena.
Mónica Martínez López, de 25 años, fue a su vez condenada a siete años de cárcel mientras que a Ignacio Echevarria Martín, alias Mortadelo, de 33 años, y Francisco Iribarren Lacunza, alias Ximino, de 40 años, tendrán que ingresar en prisión por un plazo de seis años.
Todos estos etarras, detenidos la mayoría de ellos hace ya casi un año, deberán seguir en la celda, situación bien distinta de los fugados Jesús María Puy Lecumberri, de 34 años, y María Mercedes Chivite Berango, de 39 años, quienes fueron juzgados en rebeldía y condenados ambos a cinco años de privación de libertad, que se harán efectivos en cuanto la policía los capture.
El tribunal fue menos duro con los 12 franceses acusados de prestar refugio a los terroristas, a los que en la mayoría de los casos ofrecieron vivienda en la zona de Bretaña. Esta red de apoyo quedó definitivamente desarticulada en noviembre de 1997, cuando se produjo la detención de Gabarra. Las condenas de estos ciudadanos franceses oscilan entre unos pocos meses y los tres años de cárcel, pero ninguno de los 12 tendrá que ingresar en prisión.
Al mismo tiempo que en París se daba a conocer la sentencia, en Bayona se ponía en libertad sin cargos a cinco de los 14 detenidos de anteayer, entre ellos a José María Pagoaga Gallastegui, que fue expulsado hacia España. Los otros liberados son Begoña Jáuregui Errasti, Arantzazu Otamendi, Feliciano Saralegi y el francés Marcel Iturburua.
La policía francesa, por su parte, realizó ayer una nueva detención en Urrugne (Pirineos Atlánticos), dentro de la misma operación, dirigida por la juez antiterrorista Laurence Le Vert. Se trata del español nacionalizado francés, Antoine Echeveste Arzeaga -cuya identidad fue revelada por la policía española-, a quien se vincula con la banda terrorista ETA.
Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reveló ayer que según el informe médico-forense inicial practicado tras la detención de los tres etarras que implicaron a Ramón Aldasoro -miembro de la banda detenido en Miami y cuya extradición desde Estados Unidos ha sido anulada temporalmente- estos no sufrieron torturas como denunciaron posteriormente. Este informe médico fue aportado en su día al juicio de estos tres miembros de ETA y sirvió para que fueran condenados.
EE UU asegura colaboración
Según la Fiscalía el informe no se incluyó en la documentación remitida a Estados Unidos cuando se solicitó la extradición, porque no se consideró necesario. Sin embargo, tras la paralización de ésta por el juez de Miami, James Lawrence King, que consideró que debían haberse tenido en cuenta las denuncias por torturas de los tres etarras que lo implicaron, la Fiscalía señaló ayer que tiene previsto enviar el informe al juez, aunque deberá esperar a que éste realice la petición correspondiente.El juez King suspendió el pasado lunes el dictamen anterior de otro magistrado, Ted Bandstra, quien en junio se mostró favorable a que Aldasoro fuera extraditado.
La embajada de Estados Unidos en Madrid aseguró ayer en una nota que la decisión del juez King "se enmarca dentro de las garantías procesales aplicables a todos los acusados" y que el Gobierno estadounidense "continuará trabajando con el Gobierno español para denegar cobijo a todo terrorista de ETA que busque refugio en los Estados Unidos".
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