Zaplana y Romero salvan a última hora el acuerdo sobre la futura entidad normativa

El largo receso de una hora que se registró ayer en las Cortes Valencianas entre la elección del nuevo Síndic de Greuges y el debate de la proposición de ley sobre creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua fue uno de los momentos de mayor intensidad política que ha albergado el Palau de Benicarló a lo largo de la presente legislatura. Cruces de llamadas, reuniones de despacho, almuerzos aparentemente distendidos y baile de ujieres culminaron en un acuerdo entre populares y socialistas que dota de columna vertebral al futuro ente que definirá la normativa del valenciano.

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, y Joan Romero, secretario general del PSPV, ausente, fueron los protagonistas de una jornada que dio comienzo en la noche del martes cuando Francisco Camps, consejero de Educación y Cultura, se puso en contacto con el dirigente socialista para apaciguar unos ánimos aparentemente encastillados en la intransigencia. El propio Zaplana llamó a Romero a primeras horas de la mañana, antes de acudir a las Cortes, para sondear al máximo responsable del primer partido de la oposición. Las versiones son divergentes e interesadas, pero el gesto tuvo una fuerza innegable. Romero insistió en ofertar diez nombres y exigir a los populares otros cinco que sumarán el grueso de la entidad que debe definir la normativa del idioma valenciano y que serán presentados como iniciativa conjunta de los dos grupos mayoritarios de las Cortes, valedores del acuerdo que entraña el dictamen que emitió el Consell Valencià de Cultura (CVC) después de seis largos meses de negociación. Los seis puestos restantes hasta alcanzar 21 miembros de la entidad normativa que instó en su dictamen el CVC son de libre disposición del presidente de la Generalitat, que intentará cubrir "el amplio espectro político" que representa el Partido Popular, en palabras de altas fuentes del partido. Todavía no habían sonado las campanillas que convocan al pleno a sus ilustres señorías cuando Camps comunicaba a Romero la disposición de los populares a ofrecer cinco nombres y presentó como garante de su condición de ajustados al espíritu del pacto al presidente del CVC, Santiago Grisolía. No hubo ni nombres ni apellidos, pero las amenazas sobre la posibilidad de bloquear la elección del nuevo Síndic de Greuges, que exige el apoyo de dos tercios de la Cámara, se disiparon como por ensalmo. Después de tratar con Camps, Romero recibió garantías del propio Grisolía, quien aseguró al secretario general del PSPV la buena disposición de los populares, de acuerdo con las largas negociaciones que se mantuvieron en el seno del organismo consultivo. Natural desconfianza La natural desconfianza de Romero hacia el presidente de la Generalitat, desde su posición como futuro rival en las elecciones autonómicas, resultó evidentemente superada cuando Antonio Moreno, portavoz socialista en las Cortes, recibió de su jefe de filas la orden de apoyar la proposición de ley que presentaron conjuntamente en el registro de las Cortes populares, socialistas y Nova Esquerra. El encierro de Zaplana, Camps y los máximos responsables del Grupo Popular en las oficinas vecinas al hemiciclo, por un lado, y de los portavoces del PSPV, EU-EV y Nova Esquerra, por otro, indicaba a las claras la voluntad de acuerdo entre todas las partes implicadas. Joaquín Calomarde, Ramón de Soto y Manuel Sanchis Guarner, miembros del CVC por el PP, los dos primeros, y por el PSPV, el tercero, aprovechaban el intermedio parlamentario para intercambiar opiniones con Zaplana y con el consejero Camps, al término de las cuales Guarner se ponía en contacto con Joan Romero e iniciaba junto con sus compañeros un largo peregrinaje por los pasillos del hemiciclo a la búsqueda del presidente del CVC para acompañarle al despacho del portavoz socialista donde acabaron por confluir Grisolía, Moreno, Guarner, Calomarde, De Soto, Víctor Fuentes, Jesús Huguet y Gómez Marco. Los diputados de UV y el propio presidente de las Cortes, Héctor Villalba, deambulaban sonrientes por los pasillos, aparentemente satisfechos por la supuesta falta de acuerdo entre los representantes de los dos grandes grupos parlamentarios. Joan Ribó, presidente de Esquerra Unida, cuya disposición al acuerdo chocó con la frontal oposición de Glòria Marcos y Pasqual Mollà a apoyar un pacto ajeno a la coalición de izquierdas, pidió a Romero que avalara los cinco nombres propuestos por los populares. El secretario general del PSPV no disponía de apellidos y EU-EV optó por mantener su oposición a la proposición. El despacho de Moreno, vecino al hemiciclo, acogió una multitudinaria reunión de los máximos responsables de los grupos mayoritarios junto a los miembros del CVC que acudieron a la sesión parlamentaria. Poco después, cuando todos los diputados populares bromeaban en sus escaños y Zaplana daba cuerda a Villalba escoltado por José Joaquín Ripoll Serrano, consejero de Presidencia y responsable de relaciones con las Cortes, un ujier comunicó a Castelló que el portavoz socialista requería su atención durante unos segundos. El acto formal de intercambio de nombres se celebró en el despacho de Castelló en presencia de Grisolía, ciudadano estadounidense pero notario de un acuerdo histórico para la Comunidad Valenciana que podría dar al traste con una polémica estéril que se alimentó durante la transición política y que ha envenenado las relaciones políticas entre los ciudadanos valencianos durante dos largas décadas.