Lo policial y lo político

El debate en Euskadi siempre gira alrededor del mismo tema. Es como si esta sociedad, que se dice agotada de hablar-vivir-sufrir el terrorismo, no tuviera fuerzas para salir de ese maléfico remolino que todo lo absorbe.Una y otra vez políticos de distintos signos proclamamos lo insano que resulta este permanente y público debate. Una y otra vez reclamamos espacios para la política, espacios para hablar de los problemas de las gentes, espacios para debatir sobre esos aspectos de la vida cotidiana de los que se ocupan las sociedades normales, los países en los que la democracia no es una aspiración, sino un hecho.

Pero no hay manera. Se dirá que la raíz del problema radica en que la sociedad vasca no es del todo normal, democráticamente hablando. Anidan en ella algunos tintes de anormalidad y, aunque seamos mayoritariamente normales, la anormalidad lo oscurece todo. Ocurre también, por si algo nos faltara, que a esa anormalidad sangrienta y chantajista se le suma un lenguaje particularmente confuso y perverso practicado, desde siempre, por los nacionalistas institucionales. Es ese lenguaje que pervierte los términos hasta el extremo de haber conseguido -a fuerza de ser repetidos hasta la saciedad en los medios de comunicación públicos- que, por ejemplo, se hable con normalidad del MLNV, sin anteponer ningún verbo y/o adjetivo; o que, siguiendo el ejemplo, todos hablemos de los derechos humanos de los presos etarras, olvidándonos de que la política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista y que el único derecho constitucional -y, por tanto, humano- de cualquier preso es el derecho a la reinserción, jamás reivindicada, por cierto, por esos defensores de derechos humanos que quieren a los presos de ETA cerca de casa pero en las cárceles para controlarlos mejor; o, más ejemplos, es esta nueva trampa dialéctica mediante la cual discutimos todos sobre la eficacia de las medidas políticas y/o policiales.

Aquí quería llegar. Quienes han diseñado esta nueva fabulación -aquí nada es casual- han contado con la complicidad sobrevenida de una sociedad democráticamente muy joven, que tiene entre sus dirigentes políticos y sus portavoces mediáticos a toda una generación para la que policía e imposición venían a ser lo mismo. Sólo así se puede explicar que tanta gente poco sospechosa de estar en la estrategia de la confusión haya caído en la trampa. Sólo en España se podría haber producido la sinrazón de este debate, en el que cada día escuchamos sesudos comentarios sobre la necesidad de aplicar medidas políticas para acabar con el terrorismo. Puede que no sea políticamente correcto, pero quiero plantear mi discrepancia. Vamos a ver, ¿qué son medidas políticas? Supongo que se llaman medidas políticas a negociar con ETA. Negociar para ceder, para cambiar el marco constitucional y estatutario, claro.

¿De eso hablamos? ¿De cambiar el marco político? Se me dirá que no, que no se trata de hacer concesiones a los violentos (por cierto, he aquí otra palabreja para maquillar el nombre verdadero). Pero, si no se trata de modificar el orden político democráticamente establecido, si no se tratara de adoptar otras medidas políticas distintas a las que votamos los ciudadanos en sendos referendos, las medidas políticas no serían tales. Serían actitudes, más o menos dialogantes, pero simplemente actitudes políticas.

Otra trampa del lenguaje consiste en reivindicar medidas políticas para acabar con el terrorismo, en vez de decir llanamente que lo que se pretende es cambiar el marco político para que quienes apoyan y/o comprenden a los terroristas no encuentren disculpas para seguir haciéndolo. Medidas para integrar en esta España de finales del siglo XX a quienes reiteradamente nos han dicho que no aceptan ser minoría. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no reconocemos públicamente, de una vez, que este estatuto que apoyó el 80% de los vascos es para unos un marco de convivencia y para otros, incluso de los que lo defendieron, un instrumento para llegar a otro sitio? ¿Por qué no pedimos a los nacionalistas que nos digan qué medidas políticas necesitan para integrar al nacionalismo democrático? ¿Por qué no les pedimos que propongan concretamente las reformas constitucionales y/o estatutarias para poder debatir y pronunciarnos sobre el alcance de lo concreto y los compromisos que los proponentes asumirían? ¿Por qué se nos olvida que en este país hubo amnistía tras la muerte de Franco, que los presos políticos ya salieron a la calle, y que ésa fue la medida política más generosa que esperar se puede de esta jovencísima democracia? Y, finalmente, ¿por qué nos empeñamos en deslegitimar la importancia política de una labor policial y judicial bien hecha?

Termino con esto último. En esta perversión del lenguaje en que vivimos se ha llegado a aceptar que las medidas policiales son el último recurso, menos democrático por supuesto que cualquier pacto, sea cual sea el contenido o los actores. Es justo lo contrario. ¿O no es lo políticamente más urgente, al servicio de la democracia, detener y condenar a los delincuentes? ¿No es eso aún más claro cuando se trata de detener terroristas que atentan organizadamente contra el propio Estado de derecho?

Las sociedades del mundo libre tienen jueces y policía para que defiendan individualmente y colectivamente a sus ciudadanos. Y hacerlo bien, eficazmente, es aplicar y defender las leyes, normas políticas de la democracia al fin y al cabo. Reivindico, pues, el título de medidas políticas a la acción de la policía y de los jueces. Y a la vez me atrevo a denunciar que las llamadas medidas políticas ocultan en muchos casos actitudes contrapolíticas, cual es resignarse a que la voluntad popular pueda ser sustituida por el chantaje. Un chantaje asumido desde la incapacidad y/o el miedo.