El PSPV critica las "luchas" en la cesión del Inem
La firma, prevista para hoy, del traspaso de las competencias del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de las políticas activas de empleo -atención, formación y servicio a los desempleados- a la Generalitat está creando una "lucha de poder" dentro del Partido Popular y del Gobierno valenciano, según afirmó ayer el secretario de empleo del (PSPV-PSOE), Andrés Perelló, informa la agencia Efe. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, por parte del Estado y el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, por parte de la Generalitat, formalizarán hoy el traspaso de competencias de las políticas activas de empleo en la Comisión Mixta de Transferencias que presidirá el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que no serán efectivas hasta el 1 de enero de 1999. Andrés Perelló señaló que el hecho de que el traslado no sea efectivo hasta el mes de enero próximo "supone un año de retraso respecto a comunidades como la catalana y es una muestra más del poder valenciano del que Eduardo Zaplana se ha vanagloriado una y otra vez". El dirigente del PSPV criticó que en el proceso de negociación de las transferencias "una vez más, el Gobierno ha prescindido de las consultas con los agentes sociales, que en este caso eran obligadas" por un acuerdo de las Cortes Valencianas aprobado el 13 de junio por todos los grupos palamentarios. Perelló explicó que la "falta de información" y de consultas con los sindicatos se debe a la "tremenda confusión existente en el PP y en el Gobierno de la Generalitat sobre el modelo de servicio de empleo que se quiere adoptar", aseguró. Por ello, el responsable socialista de empleo instó al presidente Zaplana a "poner orden en este pulso que se está produciendo entre los populares, si es que le queda tiempo después de hacerse fotos, y convocar a los agentes sociales para llegar cuanto antes a un acuerdo". Con este traslado de competencias, que estaba previsto entrara en vigor el 1 de enero de este mismo año, la Comunidad Valenciana se convertirá en la tercera autonomía del Estado español en recibir las transferencias de las políticas activas de empleo del Estado.
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