Las presiones sobre el desarrollo urbano de Alicante rompen la unidad de los ediles del PP

El debate y las presiones en torno al desarrollo urbanístico de Alicante han conseguido minar la unidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento y romper la cohesión interna que, aparentemente, mantenían en los últimos meses los concejales del PP. La injerencia del Consell en el proceso para aprobar la adjudicación de la urbanización de más de 700.000 metros cuadrados del ensanche de la ciudad, que se disputan dos poderosas empresas, lleva camino de desatar una nueva crisis municipal. La aprobación del plan fue aplazada de forma inesperada el pasado martes.

De momento, el portavoz del Consell, José Joaquín Ripoll, y varios concejales han puesto sobre la mesa la "necesidad" de que el grupo vuelva a debatir el asunto pese a que, según el alcalde, Luis Díaz Alperi, estaba "cerrado y suficientemente meditado". Entre estos concejales se encuentran Juan Seva, delfín de Eduardo Zaplana en el Consistorio alicantino, y Manuel Ferrándiz, hombre de absoluta confianza de Ripoll. Ambos han declarado públicamente que la adjudicación del Plan de Actuación Urbanística número 1 de Alicante debe ser analizada de nuevo por el equipo de gobierno antes de que llegue al pleno para su votación. Forzar la reapertura del expediente supondría, de hecho, una victoria del Consell frente a la autonomía municipal. Repetir una reunión que ya se celebró a principios de junio, sin que entonces surgieran voces discordantes entre los ediles del PP, sólo tendría sentido para modificar la propuesta, algo a lo que no están dispuestos ni Díaz Alperi ni su concejal de Urbanismo, José Ramón García. Si las presiones desembocaran en ese supuesto, difícilmente el alcalde conseguiría la unanimidad entre sus concejales, y podría darse incluso el caso de que perdiera la votación. García salió ayer al paso ante la inesperada solicitud de una nueva reunión del equipo de gobierno para tratar el asunto, y se ratificó en la decisión de no modificar "ni un ápice" su propuesta, favorable a adjudicar la urbanización a la mercantil Camservi y no a Playas de Orihuela, la segunda urbanizadora en liza. "No hay nada que debatir. La propuesta está clara, meditada, resuelta, firmada y cerrada, y si alguien tiene otra, que la exponga abiertamente", declaró contundente el responsable de Urbanismo. El alcalde también se mantiene firme. En el transcurso de la fiesta de presentación del barco de regatas de Terra Mítica que se celebró el jueves por la noche en Alicante, el primer edil aprovechó una conversación en la que participaban algunos periodistas y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para volver a anunciar que presentará la propuesta favorable a Camservi en el pleno que se celebrará el día 29. Mientras tanto, el propio Zaplana y el consejero Ripoll insisten en que les parece "extraño" que un tema urbanístico que el PP planteó en el pleno del pasado martes por vía de urgencia fuera respaldado por la oposición sin mayores dificultades. La propuesta fue retirada en el último momento por el alcalde ante las presiones que recibió desde Valencia. El portavoz del Consell mantiene la teoría de que la actuación municipal debe tener en cuenta los intereses de los propietarios, que supuestamente apoyan el proyecto de Playas de Orihuela porque establece un mayor volumen de edificabilidad y, por ende, mayores beneficios económicos. Esta mercantil propone construir sobre esos 720.000 metros cuadrados, estratégicamente situados, un total de 5.466 viviendas, frente a las 3.625 que plantea Camservi. Un informe elaborado por los técnicos de la Consejería de Urbanismo advierte, sin embargo, que la edificabilidad de Playas de Orihuela vulnera el planeamiento urbanístico de la ciudad, aunque apunta que esta cuestión es subsanable y el proyecto resultaría más beneficioso para los propietarios. El conflicto en torno al proyecto de urbanización también ha llegado ya a las Cortes Valencianas. El diputado del PSPV Alfonso Arenas presentó el jueves dos preguntas por escrito en las que se interesa por el criterio que mantiene el Consell sobre el desarrollo urbanístico de Alicante y sobre las actuaciones realizadas sobre el particular por el Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana. EU, por su parte, fue ayer más lejos, y solicitó una comparecencia en la Cámara valenciana del consejero José Joaquín Ripoll para explicar el asunto. Los diputados de Nova Esquerra han anunciado que pedirán también que comparezca el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Ramón García Antón, para esclarecer su papel en este asunto.