La ley ampara a la Consejería de Salud para que financie medicinas

La ley ampara a la Junta para que financie con fondos propios aquellos medicamentos que desee y que, por alguna razón, el Ministerio de Sanidad excluya de la financiación pública. Esta es la primera conclusión que se desprende del dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, a partir del expediente remitido por la Consejería de Salud, solicitando su opinión sobre el Proyecto de Decreto con el que pretende regular la prestación de determinados medicamentos con cargo a fondos propios. El máximo órgano andaluz de asesoramiento y vigilancia jurídica recuerda en su dictamen que, tanto la Constitución, como la Ley del Medicamento, establecen unos mínimos como garantía de la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de recibir prestaciones sanitarias, pero, en ningún caso "impiden" que las comunidades autónomas con competencias de salud financien medicamentos por su cuenta. Decreto sin fecha Sobre la fecha más adecuada para la entrada en vigor del Decreto, que serviría para contrarrestar los efectos del medicamentazo en Andalucía, el Consejo Consultivo recomienda "que la norma quede pendiente de su aprobación hasta que el Gobierno apruebe la suya". Cosa que sucederá, probablemente, durante este verano. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que el Real Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos, más conocido como el medicamentazo, entrará en vigor en agosto. Fuentes de la Junta aseguran que sería en septiembre -"quizá en el primero Consejo de Gobierno después del verano"-, cuando se aprobase este Decreto, que, además, tendría efectos retroactivos con el fin de resarcir a los usuarios del gasto "extra" realizado al comprar medicamento no financiados ya por la Seguridad Social. Los 846 fármacos que quedarán fuera de la financiación pública cuando apruebe el Gobierno el Real Decreto, van a suponerle a la Junta, en los meses que restan de este año, un gasto extra de 3.700 millones de pesetas. Un dinero que, según el SAS, no supondrá un gasto extra, sino que "tendremos que restarlo del que pensábamos ahorrarnos este año con el control en el gasto por consumo de medicamentos". Las mismas fuentes aseguran que "el traído y llevado medicamentazo" ya le ha costado a la sanidad andaluza 3.000 millones de pesetas. Para evitar que usuarios de otras comunidades autónomas hagan uso de los medicamentos financiados por la Junta, el SAS ha diseñado una recetas con las que sólo los médicos adscirtos a él podrán prescribir medicamentos a los pacientes andaluces. El Consejo Consultivo ha valorado también muy positivamente el hecho de que el Proyecto de Decreto haya sido sometido a consulta a la mayoría de entidades sociales y políticas de Andalucía.