"No hay trabajos sociales para reos"
El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, se queja de que sus compañeros de la plaza de Castilla no pueden imponer trabajos de utilidad pública a los condenados por delitos menores, porque no saben adónde enviarles. "La Administración no proporciona plazas", apostilla.En los delitos leves, el Código Penal de 1995, como novedad, facultó a los jueces para que, en delitos y faltas leves, sustituyesen las penas de multa por trabajos de utilidad pública (limpieza de pintadas en las calles, jardines públicos, ayuda a personas desprotegidas).
Tras dos años de vigencia del nuevo Código Penal, los jueces de Madrid siguen imponiendo multas: "Al no haber plazas, no sabemos qué hacer con los reos, y optamos por las multas", asegura Fernández Martín.
Buscar esas plazas y ofertarlas a Instituciones Penitenciarias es competencia, según la ley, de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos y las asociaciones de interés general, explica el juez decano.
Este tipo de trabajos se idearon para aquellas personas no delincuentes habituales que tienen un mal día y, por ejemplo, destrozan un jardín, unas papeleras o se ven enfrascadas en una riña. El juez, en esos casos, puede convenir con el condenado la posibilidad de compensar su fechoría mediante un servicio a la comunidad, arreglando el destrozo causado, limpiando pintadas de las calles o ayudando en una residencia de la tercera edad. "La ley permite ese tipo de compensaciones, en mi opinión muy importantes y aleccionadoras, pero en Madrid el grado de cumplimiento es cero", lamenta.
Convenios
Fernández Martín se remite al apartado número 1 del artículo 49 del Código Penal para indicar quién debe proporcionar esas plazas. "La ejecución [de los trabajos en beneficio de la Comunidad] se desarrollará", explica la ley, "bajo el control del juez o tribunal sentenciador, que, a tal efecto, podrá requerir información sobre el desempeño del trabajo a la Administración pública o asociación de interés general en que se preste el servicio". El apartado 3 matiza que ese trabajo "será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin". El decano destaca, no obstante, el esfuerzo de Instituciones Penitenciarias para intentar solucionar este problema. Fernández asegura que el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, firmó el pasado mayo un convenio con la Federación Española de Municipios, cuyo objetivo es buscar los lugares y medios adecuados para que estos reos puedan sustituir sus penas por trabajos para la comunidad. "Seguro que muchas entidades benéficas agradecerían estas ayudas, pero lo cierto es que en Madrid no sabemos adónde enviar a estas personas ni quién las controlaría", dice el decano.
