Gobierno y CiU pactan eliminar el impuesto del 6% sobre los seguros médicos privados

Convergencia y Unió se ha salido finalmente con la suya y ha conseguido del Gobierno una mejora en la fiscalidad de los seguros médicos privados. Tras el acuerdo alcanzado, el nuevo IRPF eliminará el impuesto del 6% que en la actualidad grava las primas pagadas a sociedades médicas. También han decidido medidas que dificultan la utilización de sociedades transparentes para pagar menos por el IRPF. La tramitación parlamentaria del nuevo impuesto sigue adelante, después de rechazar ayer el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de izquierda.

Tras el trámite de ayer, los grupos parlamentarios deberán presentar enmiendas parciales al proyecto de ley del IRPF antes del próximo martes. Entre ellas, el Gobierno y sus socios de CiU han acordado mejorar el tratamiento fiscal de los seguros médicos privados como exigían los nacionalistas catalanes.En la actualidad, las primas abonadas a sociedades médicas están gravadas con un 6%, igual que el resto de los seguros de riesgo (el del automóvil, por ejemplo). Este impuesto fue creado por el Gobierno en el año 1997, inicialmente con un gravamen del 4%, aunque este año ha subido al 6% de gravamen.

Su eliminación -sólo prevista para los seguros médicos- supondrá que las arcas de Hacienda dejarán de ingresar 10.000 millones de pesetas. Beneficiará a unos cuatro millones de contribuyentes y entrará en vigor con el nuevo Impuesto de Renta de las Personas Físicas (RPF), es decir, el año próximo.

Reducir listas de espera

Según explicó el diputado de CiU Francesc Homs, la justificación es que "estos seguros permiten descargar de pacientes a la sanidad pública y reducir las listas de espera".La mayoría parlamentaria ha acordado también medidas para dificultar el uso de las denominadas sociedades transparentes para pagar menos por el IRPF. Estas sociedades -35.810 en la actualidad- permiten imputar a sus socios los beneficios a partes iguales.

En la práctica, lo que se hace es "inflar" el número de socios con todo tipo de familiares y allegados con el fin de dispersar al máximo los beneficios y rebajar así la factura fiscal. La reforma se materializará en una enmienda al proyecto de ley del IRPF y consistirá en que cada socio ha de pagar como mínimo el 35%.

Estas sociedades, utilizadas sobre todo por los grandes patrimonios familiares y despachos profesionales, permiten también deducir por los gastos de funcionamiento, entre ellos, por las personas a sueldo. Es muy común, por ejemplo, que se compute a estos efectos el salario del servicio doméstico. En el nuevo IRPF se exigirá al respecto que la deducción por empleo esté plenamente justificada.

Otra de las modificaciones consistirá en duplicar la deducción por rentas del trabajo que se pueden practicar los discapacitados y aumentar el mínimo personal -cantidad que no tributa en el IRPF- para las personas en esta situación.

Tras estos acuerdos, la actual mayoría parlamentaria -PP, CiU, PNV y Coalición Canaria- se impuso sobre los grupos parlamentarios de izquierda -PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda y Bloque Nacionalista Galego- que habían presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de ley. Las enmiendas fueron rechazadas por 171 votos, contra 121 y una abstención.

El debate empezó al borde de las 13.30 horas , pese a que los grupos de izquierda habían solicitado que se iniciara por la tarde para evitar la interrupción del almuerzo. El presidente del Congreso, Federico Trillo, decidió partir la sesión, y dio la palabra al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato.

Pataleo y protestas

Los grupos de izquierda interpretaron que Rodrigo Rato quería garantizarse así "salir en los telediarios del mediodía". Después de un sonoro pataleo, la gran mayoría de los diputados del PSOE y algunos de Izquierda Unida abandonaron el hemiciclo en señal de protesta.Ya por la tarde, el debate sacó a la luz las enormes diferencias entre el Gobierno y todo el arco parlamentario de la izquierda en relación a un impuesto que afecta a la mayoría de los ciudadanos. Rato no desaprovechó la ocasión para hacer un severo juicio de la gestión socialista. Su balance fue: ahorro fiscal para las rentas altas, perjuicio para trabajadores y pensionistas y dos amnistías fiscales.

Es lo contrario de lo que pretende el nuevo impuesto que, según Rato, permitirá una rebaja media del 11%, con un ahorro del 51,5% para los sueldos entre dos y tres millones de pesetas, y que 1,7 millones de contribuyentes dejen de pagar el IRPF.

El diputado socialista Luis Martínez Noval se preguntó porque rechazan la reforma del impuesto los sindicatos y la apoya la patronal si es verdad que beneficia a los trabajadores. La crítica socialista obedece a que "menos impuestos significan menor protección social", y al trato favorable que, en su opinión, se da a las rentas del capital.

Rato dijo de estos argumentos que "son los más antiguos que he oído en mi vida". Y añadió que "la sociedad del siglo XXI exige más por menos, es decir, pagar menos impuestos y recibir mejores servicios públicos". Lo que no se consigue, según dijo, "con más recursos para el Estado, sino con mayor libertad para los ciudadanos".

El vicepresidente retó a todos los grupos de izquierda a que "salgan a la calle" y expliquen "por qué es injusto un impuesto que baja para todos". Si no son capaces, añadió "deberían cambiar su programa, porque está fuera de la realidad".