Se solicitan cuatro años de prisión para el presidente del Consejo de Gremios de Cataluña por delito fiscal

El fiscal solicita cuatro años de prisión por delito fiscal para el presidente del Consejo de Gremios de Cataluña y de la Confederación de Gremios, Pere Llorens, y para el secretario de ambas entidades, Miguel Ángel Fraile. Igual pena pide para otros tres acusados más en una investigación abierta en 1993 a raíz de una denuncia por irregularidades en el destino de subvenciones concedidas por la Dirección General de Comercios a varios gremios. El monto total de las subvenciones, concedidas entre los años 1988 y 1992, ascendió a 56 millones de pesetas. El fiscal sostiene que los acusados urdieron la creación de varias sociedades como instrumento para solicitar las subvenciones a la Generalitat. El escrito de calificación del fiscal explica que las sociedades creadas fueron tres: SINAC, empresa encargada de informatizar los gremios; GATEC SA, sociedad de servicios para el asesoramiento de esas entidades, y GATEC, una asociación para asesorar a los gremios. El fiscal acusa a Llorens y Fraile de servirse de esas sociedades para solicitar al Departamento de Comercio subvenciones para la informatización de los gremios o para impartir cursillos. El fiscal afirma que, para conseguirlo, falseaban las condiciones requeridas para la concesión y presentaban facturas pro-forma de la supuesta compra de material informático por parte de gremios que "nunca lo solicitaron". En otras ocasiones -siempre de acuerdo con el escrito de acusación-, los procesados presentaban a la Administración una lista de gremios como supuestos destinatarios de las subvenciones, pero el dinero era dirigido a otras entidades. Eso fue lo que sucedió con el gremio de drogueros, que denunció la desviación de las ayudas de la Generalitat. El fiscal mantiene, además, que la tramitación en la solicitud de las subvenciones también se hacía de forma irregular puesto que se llevaba a cabo de forma global y no individualizada, que era uno de los requisitos que imponía el Departamento de Comercio. Sostiene el fiscal que el "principal responsable" del control de las condiciones requeridas para las subvenciones era el entonces director general de Comercio, ya fallecido. La falta de control de la Generalitat sobre el destino de las subvenciones que concedía levantaron polémica al inicio de la instrucción del caso, que, pese a las claras evidencias de irregularidades, fue archivado por un juez. Una magistrada que sustituyó al primer titular del juzgado decidió reabrirlo y reanudar las diligencias, que ahora se encuentran en la recta final antes de llegar a juicio. El fiscal ha formulado la acusación de delito fiscal contra los imputados por no haber liquidado a Hacienda el dinero de las subvenciones.